Ya cumplió cuatro años. Comenzó con la vigencia de la Constitución de Montecristi-octubre del 2008. Allí está delineado el perfil presidencial absoluto, cuando subrepticiamente le quitó a la Asamblea la capacidad, que siempre tuvo en la vida republicana, de elegir a las máximas autoridades que aplicaban el principio vertebral de la democracia: la separación de poderes. Fue el art. 207 al crear el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que junto al Consejo Nacional Electoral, constituían poderes absolutos. La Asamblea quedó cercada para expedir leyes y fiscalizar, ámbitos supeditados al poder presidencial, con lo cual el pueblo dejó de ser soberano porque sus votos ya no servían para, a través del pluripartidismo, elegir las siguientes autoridades: del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia- pilares de la Función Judicial-, al Procurador, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, y a la Corte Constitucional-la cúpula de sabiduría en esa materia básica de la democracia-. El despojo fue cubierto por 7 consejeros propuestos por la ciudadanía y las organizaciones sociales que en la práctica resultó ser un concurso direccionado desde el Gobierno, bajo convocatoria del Consejo Electoral.
Esas instituciones jurídicas, antes con defectos que tuvo el pluripartidismo y que podían corregirse democráticamente, quedan integradas para cubrir muchos años próximos. Van desde 9 años para la Corte Constitucional, 9 para 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, 6 para el Consejo de la Judicatura, 6 para el Fiscal General, 6 para el Consejo Nacional Electoral, y 4 años para el Procurador General. Solamente una mayoría de asambleístas en mayo 2013, adversa al correísmo, podría analizar esta dura realidad.
Al estar absorbida la soberanía del pueblo ecuatoriano por un omnipotente y parcializado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no designado por asambleístas provenientes del disminuido, pero vigente pluripartidismo, se ahogó a la democracia. Aquel golpe certero del art. 207 de la Constitución para abrir un sendero político unipartidario, será la primera tarea de un gobierno, que si hay 2ª vuelta, descubra mecanismos para devolverle al pueblo su soberanía. Quedan 90 días, disminuidos por diciembre enfiestado, para dejar los votos en urnas que esperamos recojan voluntades efectivamente nítidas, salvando los obstáculos que hasta aquí ha afrontado el pluripartidismo. Entramos a un período final que se viene más asfixiante por la propaganda del candidato-Presidente, y sin veedurías de la OEA y de organismos internacionales.