La simpatía que ha surgido entre dos personajes tan disímiles como el Presidente del Ecuador y Julián Assange es sorprendente. Assange es líder de una iniciativa que busca transparentar la información de los asuntos públicos hacia los ciudadanos. Su portal de Internet, Wikileaks, brinda garantías a quienes quieran difundir de forma anónima información oficial que por alguna razón ha sido calificada de “sensible”, pero que es de interés para el público. El concepto de Wikileaks cuestiona la legitimidad que tendría el escamotear información hacia el público, bajo argumentos como la seguridad nacional o la discrecionalidad de la razón de Estado.
En dirección contraria a esta opción por la transparencia, el Presidente de Ecuador sostiene un conflicto cada vez más virulento con los medios de comunicación privados, a los que acusa de favorecer intereses parcializados. Los ataques a la prensa son el lugar común de cada una de sus intervenciones sabatinas. Los medios gubernamentales se han multiplicado y fortalecido durante su período de gobierno. Millones de dólares de las arcas públicas se invierten en medios tecnológicos, nutridas plantillas, abultadas ediciones y extensas transmisiones, reeditando y con creces, los mismos vicios que se critican en los medios privados: la parcialidad y la unilateralidad en el abordaje de los temas, su uso, en este caso, con fines de proselitismo a la gestión gubernamental.
El último gesto que expresa con nitidez la posición del Gobierno frente al derecho a la información es la prohibición a sus ministros de conceder entrevistas a los medios de comunicación privados, bajo el argumento de que no hay razón para favorecer a medios mercantilistas. De un plumazo, el Presidente clausura una fuente de información que es válida para la ciudadanía, descalifica a un sector fundamental de la prensa y se erige en juez de los medios de comunicación, define desde su estrado cuáles son los “buenos” y cuales los “malos”.
El acercamiento a Assange es paradójico en el contexto de los ditirambos mediáticos del régimen. La negativa a responder los cuestionamientos de los medios privados, va en dirección contraria a la transparencia en los asuntos públicos y excluye a la ciudadanía de la posibilidad de asistir a un debate sobre la gestión de gobierno. Una cuestión fundamental en estos tiempos, para hacer de la campaña electoral, un verdadero espacio de deliberación programática y no una repetición de formatos de marketing electoral de la peor especie.
Cuesta trabajo comprender cómo un defensor de los derechos de la ciudadanía a la información elige justamente al Ecuador para pedir asilo, y lo hace en términos tan elogiosos hacia un régimen que representa exactamente los valores contrarios a los que caracterizan a Wikileaks.