El estado de excepción decretado por el Gobierno responde a una situación de emergencia nacional, en la cual la sociedad ecuatoriana es víctima de acontecimientos que ocurren en otros países, que ha hecho metástasis en nuestro país, deteriorando la seguridad civil a niveles jamás antes vistos. Para detener la violencia en Ecuador, hay que atacar los problemas de los mercados de demanda y de abastecimiento.
Es muy interesante que el Decreto No. 411 cite un Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, de marzo del 2021. Cabe pensar que las circunstancias se han agravado al pasar más de un año. Ciertamente las masacres en las cárceles así lo comprueban.
La pandemia para nada ha disminuido el consumo del alcaloide en los mercados de consumo, en donde se estima que más de 35 millones de personas consumen cocaína, esto es el doble de la población ecuatoriana.
La producción de cocaína, por lo tanto, se ha disparado para suplir la demanda y hoy tenemos cifras que dicen que entre Colombia, Perú y Bolivia se producen cerca de 2 000 toneladas anuales. El señor Ministro del Interior explica públicamente que Colombia ha triplicado y Perú ha duplicado sus áreas de siembre de hoja de Coca. Estamos ante un aluvión de narcóticos destinados al mercado de los países ricos, con la contaminación de personas e instituciones de nuestros países.
Si se hace un análisis simple, se puede dilucidar que han fracasado todas las estrategias para tratar de detener la producción, debido a que no ha disminuido el consumo de cocaína principalmente en Estados Unidos y en Europa.
Vaya dilema. No recuerdo haber leído que Colombia o Perú, países limítrofes con Ecuador y causantes de este problema, hayan declarado estados de excepción o tomado medidas similares. Los países productores y consumidores han afectado gravemente al Ecuador y deben comprender la indignación que esto produce en toda la sociedad.