Para reducir el exceso de borrachos que salían de las fiestas de una prestigiosa universidad británica, las autoridades de la entidad adoptaron una resolución que pasó a la historia como un homenaje a la estupidez: subieron el precio de ingreso a las fiestas. Como estas tenían barra libre, el resultado fue contrario al deseado: después del incremento, cada estudiante se desquitaba del pago adicional bebiendo más, con lo cual los borrachos se multiplicaron.
Para reducir la contaminación ambiental, a finales del año pasado un prestigioso Gobierno andino adoptó una resolución que se pareció a uno de esos homenajes: subió el precio de los automóviles. Como la gasolina era baratísima, el resultado fue contrario al deseado: cada persona sacó provecho de su nuevo vehículo transitando a bajo costo, con lo cual la contaminación siguió aumentando.
Las autoridades de dicha universidad, lentas pero no pendejas, modificaron la resolución: bajaron el precio de entrada a las fiestas, pero establecieron la venta obligatoria de cada bebida. Si bien los borrachos no desaparecieron del todo, al menos dejaron de ser un problema.
El Gobierno de dicho país, vivísimo, acaba de insistir en la lógica de la primera resolución: incrementó una vez más el precio de los vehículos (y de otros productos cuyo potencial impacto ambiental aparentemente solo se puede evitar con precios más altos), y que siga la barra libre.
La reforma tributaria denominada verde de finales del año pasado y la reciente reforma arancelaria ratifican que al Gobierno no le interesa atacar la contaminación, pero sí utilizarla como pretexto. Confirman que el Gobierno vive de la imagen, no de los hechos.
En este caso, la teoría es que el Gobierno está sumamente preocupado con la contaminación ambiental; la realidad, que la contaminación aumenta a medida que los autos circulan y que los autos circulan igual o más que antes porque el costo de hacerlo sigue intacto. Si al Régimen le interesara mitigar los daños ambientales, reduciría el subsidio a los combustibles. Con esa medida –solita– habría menos contaminación, menos tráfico, menos importaciones –tanto de combustibles como de vehículos–, menos contrabando y más recursos fiscales.
El problema de que el Gobierno piense que los ciudadanos son giles es que termina quedando como gil. Al utilizar al cuidado del medioambiente como un pretexto para la adopción de medidas arancelarias que no disminuirán la contaminación solo levanta sospechas sobre su capacidad. Pero el principal problema es de transparencia. Porque si dijera que hay posibles riesgos en las cuentas externas o fiscales y que por eso restringe las importaciones, al menos no quedaría como un gil que sigue subiendo el precio de la entrada a las fiestas de barra libre para reducir el exceso de borrachos.