El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) vuelve a estar en la mira del correísmo (Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC), a la par de que impulsan el proceso de destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK). El Juicio político al Cpccs vuelve al panorama.
La intención de estas bancadas es que Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo sean removidos por supuesto incumplimiento de funciones. Ellos son parte de la nueva mayoría en el Cpccs.
El pedido de juicio político presentado por estas fuerzas políticas fue calificado a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 17 de febrero pasado. Allí también se calificó, por separado, la solicitud de Pachakutik contra todos los siete consejeros.
Las acusaciones van desde haber modificado el reglamento para designar nuevo Contralor General del Estado, en agosto de 2021, en el primer caso, hasta supuestas irregularidades en la designación de autoridades para la Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) vuelve a la mira del correísmo y del Partido Social Cristiano. El Juicio político al Cpccs retorna a la cancha de la Asamblea.
Acciones
En la Comisión de Fiscalización todavía no hay fechas para el tratamiento de estos pedidos. La sustanciación de un proceso de este tipo suele tomar un mes, antes de que pase a resolución del Pleno.
Para que el proceso contra el Cpccs pueda iniciar, primero se deberán sustanciar los pedidos de interpelación contra el Consejo Nacional Electoral (Cne) y el Consejo de la Judicatura. En el primer caso, solicitado por Pachakutik, y en el otro por parte de Unes.
La Comisión prevé sesionar este fin de semana. Allí se debatirá si prosigue o no la interpelación del CNE, en vista de que la Ley no permite que las autoridades electorales puedan ser removidas en medio de un proceso electoral como los comicios seccionales 2022.
Para allanar el camino contra el Cpccs, el correísmo retiró el pedido de interpelación en contra del procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Una mayoría compuesta por asambleístas de UNES, el PSC e independientes lo archivó en la Comisión el martes pasado.
“No es posible que un Procurador que afectó los intereses del Estado y que ellos reclamaron airadamente, ahora digan, no pasa nada, dejamos a un lado porque nos interesa, dicen sin empacho, el Consejo de Participación Ciudadana”, criticó Bruno Segovia (exPK), aunque votó a favor.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), manifestó que “el correísmo y el PSC avanzan a pasos agigantados” para incidir en la designación del nuevo Contralor y otras autoridades. La intención de estos grupos era que se retiren también los juicios al CNE y Judicatura.
Investigación a Llori
El nuevo coordinador de Pachakuik, Salvador Quishpe, sostuvo que estos grupos tienen “un libreto preestablecido” que incluye la remoción de su coidearia Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea, además de las autoridades del Cpccs.
La coordinadora de Unes, Marcela Holguín, lo desmintió. “Nadie ha hablado de eso. Son rumores que no pueden ser de ninguna manera confirmados. Nosotros lo que hemos hecho es insistir en la conformación de la comisión para evaluar a Llori”, aseveró.
El socialcristiano Pedro Zapata preside la comisión pluriparidista. Aseguró que “no tiene nada que ver lo uno con lo otro”, en referencia al juicio político al Cpccs y la investigación a Llori, como ella mismo argumentó.
Junto a la vicepresidenta de la comisión, Pamela Aguirre (Unes), Zapata acudió este miércoles a las ventanillas de gestión documental para notificar a Llori con este proceso; tendrá 10 días de plazo para presenta sus descargos frente a la denuncia del socialcristiano Esteban Torres sobre incumplimiento de funciones.
Conciliación, fracasó
Mientras tanto, el primer intento de conciliación entre Llori y los integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) no prosperó.
Llori hizo la convocatoria en atención a un pedido de la jueza de la Familia, Raquel Herrera, para que no continúe adelante la acción de protección que interpuso la Presidenta en contra de los vocales del CAL que calificaron la denuncia de Torres.
La sesión debía realizarse, a las 10:00 en la sala del CAL. Llori les esperó menos de 15 minutos junto con sus abogados, pero ninguno de los convocados se presentó.
“Como ustedes verán, no se ha presentado ningún asambleísta miembro del CAL. Por lo tanto, este día se les acaba de caer la careta porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la Presidenta de la Asamblea y con ello apoderarse de todos los poderes del Estado“, enfatizó Llori en una breve declaración a la prensa.
El primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), así como Darwin Pereira (PK) y Ronny Aleaga (Unes), vocales del CAL, se presentaron después. Tocaron la puerta. Pidieron hablar con ella. Pero no fueron recibidos.
Enseguida, ellos acudieron a las ventanillas de Gestión Documental del Parlamento. Allí presentaron una carta para Llori y pidieron que la sesión sea reprogramada para este jueves 5, a las 11:15.
CLAVE
Para este jueves, a las 11:15 se prevé el último intento de conciliación entre las autoridades del CAL y Llori.