Dice la Constitución de la República: “Art.26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”.
La educación superior en nuestro país, en buena parte en verdad no satisfacía lo que ese estamento educativo debe ser. El gobierno cerró 14 universidades; y de pronto miles de estudiantes quedaron a la buena de Dios, pues no tenían otro lugar en donde matricularse, que no sean las particulares. Pero para ello se necesita que la familia tenga medios económicos suficientes. En pocas palabras, los miles de jóvenes pertenecientes a familias de menores recursos económicos, quedaron librados a la expectativa de un posible cupo.
Además de no haber utilizado un sistema progresivo para alojar a los jóvenes en universidades que satisfagan los requerimientos, provocaron también la desocupación de los maestros y de los administradores y trabajadores de los institutos cerrados.
Se habló de que estudiantes que obtuvieron un promedio de 550 puntos en el examen de aptitud, tendrían opción de un cupo, pero pronto se vio que esa cifra fue superada. Algunos jóvenes con 872 puntos o más, tampoco tuvieron un lugar. Se consideró que cumpliendo un curso de nivelación, al cabo de seis meses ya podrían aspirar al ingreso, pero siempre que acumulen cierto porcentaje. De otro modo, deberían postularse nuevamente. Mientras tanto, los jóvenes están en la más completa desocupación.
El fenómeno está adquiriendo caracteres no solo de incertidumbre, sino de miedo. ¿Cuándo tendrán un cupo? ¿Con quién deberán tratar su situación personal, si la respuesta deben obtener en internet? La máquina no dialoga, no explica. Su información no es clara.
La gente joven está ya en la etapa de formar grupos, acudiendo de aquí para allá, sin horizonte. Empiezan a sentir enojo y no sería extraño que alguno o algunos sean los portaestandartes de la decepción y acudan a la protesta y a la violencia. A la protesta que ejecuten, seguramente se unirán los padres y madres de familia que, un tanto descorazonados, no ven un futuro inmediato para sus hijos.
Sin experiencia, muchos jóvenes creen que la solución temporal es un empleo, pero no hay empleo alguno. Apenas tienen el título de bachiller y para los trabajos actuales exigen título de tercer nivel por lo menos.
Repetimos: se trata de jóvenes de hogares de escasos recursos; pues los de suficientes, se inscriben en las universidades de alto costo. Son los de hogares “menos favorecidos” de los que se llenan la boca los políticos.
El poder debe tomar en serio este asunto y encontrar una solución rápida, devolviendo la fe y la esperanza a los estudiantes.