Una de las reformas constitucionales en las que se concentrará la mayoría oficialista será la restricción de la acción de protección, una figura que a juicio del reelecto presidente Rafael Correa se usa desmedidamente. ¿Puede ser excesivo el uso de una garantía para un gobierno que se jactó de aprobar una Constitución garantista? Ya nos hemos acostumbrado a que un movimiento que se reivindica de ‘nueva izquierda’ menosprecie los derechos individuales y aplique con mano de hierro los conceptos de ‘subversión’ y ‘terrorismo’.
Es verdad que una sociedad necesita orden y límites. Una de las motivaciones de quienes votaron por Correa es la disminución de las protestas, y esa es una de las explicaciones de la derrota de grupos identificados con las manifestaciones violentas, como el MPD.
Los desórdenes en el colegio Central Técnico seguramente fueron un desesperado pulseo en las calles con injustificables ribetes de violencia. Pero de ahí a juzgar a los revoltosos por rebelión hay un largo trecho.
En estos días terminó el juicio a ‘Los 10 de Luluncoto’, y no han traslucido los fundamentos del cargo de tentativa de subversión en el cual se basó la justicia para el fallo final.
A diferencia de lo que sucedía antes, solo una organización de derechos humanos se ha pronunciado, mientras las demás se dedican a hacer apologías o guardan silencio.
Ya se ha vuelto un lugar común citar la cifra de alrededor de 200 líderes campesinos y sociales perseguidos por ‘subversión y terrorismo’. Varios funcionarios solían explicar que se veían forzados a usar esas figuras porque la legislación no contempla otras, pero la verdad es que el Gobierno no ha hecho esfuerzos ni para corregir esta falencia ni para eliminar el desacato, una reliquia jurídica que persiste solo en países donde no se quiere calibrar bien el derecho del gobernante frente al derecho de los gobernados.
Todo esto haría suponer que estos desfases se van a dilucidar en el Código Penal Integral que el Gobierno se propone aprobar en la Asamblea. Sin embargo, tal como está concebido, el Código es un amplio catálogo de delitos y sanciones que dejará márgenes tan amplios como peligrosos.
Detrás de todo, siempre existe la posibilidad de que el Presidente se erija como la figura que puede perdonar. Perdonó a El Universo tras haber logrado un fallo favorable de una justicia cuestionada. Ha perdonado a personas apresadas por atentar contra su autoridad. Los familiares de los detenidos por las protestas del Central Técnico le han dirigido una carta pidiendo perdón. Él declaró desconocerla, y ojalá no la conozca y no la responda.
Lo que necesitamos es que se aplique la Ley sin excesos y siguiendo el debido proceso. Lo peor de todo sería instituir una instancia de justicia más allá de la justicia en un gobierno que no es de izquierda ni de derechos.