Las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea alcanzaron su punto más alto con el archivo de la Ley de Inversiones. Aunque Carondelet puede insistir con su propuesta, las bancadas piden cambios en el frente político y que primero sustente sus acusaciones.
El consejero presidencial Diego Ordóñez anunció que se verificará, en primer lugar, si la decisión que tomó la Asamblea se ajustó a los procedimientos constitucionales y legales.
El archivo del texto, con 87 votos del correísmo (Unes), la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK), incluida la presidenta Guadalupe Llori, se dio con base a una moción de esta última bancada, una vez que el ponente, Daniel Noboa (Ind.), no regresó al Pleno con un nuevo texto.
En un comunicado, Noboa señaló que: “ante estas circunstancias de caos e inestabilidad política que vive el país, lo más sensato es irnos a nuestras casas”. Esto, sin entrar en detalles sobre su abandono de la sesión.
Otros de los escenarios consiste en convocar a una consulta popular para aprobar leyes o la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que permite al Ejecutivo disolver a la Asamblea y adelantar las elecciones generales en caso de bloqueo político.
El presidente Guillermo Lasso mantuvo ayer, 25 de marzo de 2022, reuniones con su equipo en el Palacio y suspendió unas actividades previstas en la provincia de Santa Elena. Aunque los jefes de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, y Rafael Lucero, de Pachakutik, niegan que se haya gestado una nueva mayoría, el bloque del oficialismo mantuvo silencio sobre este escenario.
“Nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo. Nuestra propuesta siempre será crítica y propositiva, y de oposición, pero no ciega”, aseguró Cadena, al ser consultado sobre una eventual ruptura del diálogo con el Gobierno.
Pero mencionó que hasta minutos antes de la sesión que terminó con el archivo de la Ley su bancada fue contactada por el oficialismo en busca de acuerdos, pero que “la línea de diálogo se cortó” cuando Lasso acusó al líder de este partido, Xavier Hervas, de chantajes.
El jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, sostuvo que “lamentablemente el manejo del Gobierno, a nivel político, no ha sido el mejor y si no hay un cambio en el frente político inmediato no van a haber resultados posibles”.
El hecho de que el presidente Lasso asegurara que hay asambleístas “que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios, a cambio de sus votos” y hasta “dinero en efectivo”, aumentó la crispación.
Salvador Quishpe, de Pachakutik, manifestó que en la próxima sesión del Pleno propondrá el debate de una moción para llamar a comparecer al Jefe de Estado para que “amplíe la información”.
Viviana Veloz, asambleísta del correísmo, a través de una noticia criminis exigió a la Fiscalía “investigar la supuesta venta de votos en la Asamblea, que el día de ayer hizo público” Lasso. Un pedido similar hizo el movimiento Unidad Popular, quien requirió que se investigue posible concusión.
En menos de un año es el segundo revés que sufre el Ejecutivo para un proyecto económico urgente, tras la Ley de Creación de Oportunidades que en septiembre de 2021 no fue calificada por el CAL. Mientras, las propuestas del Ejecutivo para derogar la Ley de Comunicación y reformar la Ley de Educación aún siguen en trámite.
Opiniones
Alberto Acosta Burneo
Analista
“El archivo es preocupante porque demuestra el bloqueo político que hay en el país. Vemos que la prioridad de la Asamblea es política. Con este archivo, ya vemos una caída en el precio de los bonos del Ecuador a escala internacional. Los inversionistas extranjeros ven esto con mucha preocupación porque se dan cuenta que el país está entrando a un callejón sin salida, donde el Gobierno no puede hacer reformas estructurales”.
José Villavicencio
FUT
“Desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), creemos que la decisión de la Asamblea es acertada. Hemos venido planteando que el proyecto de ley tenía que archivarse porque el Gobierno debe cambiar el modo de presentar esas iniciativas legales, que se convierten en un mecanismo de ‘ley trole’. Además, que planteaba temas graves como las concesiones o privatizaciones, disfrazadas de delegaciones”.
Pablo Zambrano
Cámara de Industria
“Es inaceptable que la Asamblea haya llevado un debate antitécnico, falaz e infundado, negándole al país una herramienta para captar más inversión y generar empleo. El proyecto de ley contenía importantes herramientas como la creación de zonas francas y el fortalecimiento de las Alianzas Público-Privadas, para así garantizar la provisión de servicios públicos de calidad gracias a la inversión privada”.
Miguel González
Comité Empresarial
“El país se quedó sin la oportunidad de tener un mejor escenario para atraer inversiones y fomentar el empleo. En Ecuador hay más de 5 millones de trabajadores sin un empleo de calidad. Para mejorar su calidad de vida y su condición de empleo es necesario atraer más inversión. No creemos que sea plausible enviar otra ley de inversiones. La Asamblea dejó en claro su postura. No quiere trabajar para garantizar el empleo”.
Fernando Ibarra
Parlamento laboral
“Nos parece que la Asamblea actuó, por primera vez, pensando en el país. Esa ley privatizadora iba a llevar simplemente a un colapso de los servicios públicos. La Asamblea, ejerciendo sus atribuciones constitucionales, ha hecho su trabajo, sin que eso se entienda como desestabilización política. Lo que no se dice es que, sin esa ley, ya hay sectores privatizados como el petrolero o el energético, lo que se debe revisar”.