El pedido de juicio político contiene una serie de vicios. Con ese argumento, el procurador General, Íñigo Salvador, pidió que se archive este proceso.
El funcionario remitió un oficio a la Comisión de Fiscalización este lunes 21 de marzo del 2022. A pesar de que el interpelante, Ferdinan Álvarez (Unes) decidió retirar la solicitud.
En el documento, Salvador observa que para esta solicitud de enjuiciamiento político se incumplió con el requisito de las firmas de respaldo. Las rúbricas se habrían entregado después del informe presentado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
Además, indica que la resolución del Consejo de Administración de la Legislatura, con la que se calificó a trámite esta solicitud, “adolece de una deficiencia motivacional, lo cual genera la nulidad de todo lo actuado”.
También aduce que “la prueba documental adjuntada vulnera el derecho al debido proceso e incumple la disposición de presentar prueba lícitamente obtenida”.
Señala que Álvarez adjuntó por esta causa un oficio remitido por la Procuraduría al presidente Guillermo Lasso, que tiene el carácter de reservado.
“La naturaleza reservada del referido oficio y la ilegal manera de incorporarlo a este procedimiento de fiscalización debió haber sido observada por la UTL y por el CAL. El no haberlo hecho vicia el trámite de enjuiciamiento político acarreando su archivo inmediato”, agrega.
Para Salvador, “la incorporación de prueba ilegalmente obtenida constituye una violación al debido proceso e incumple el requisito de anuncio o presentación de pruebas obtenidas lícitamente”.
Retiro de solicitud
Por último, el Procurador alude a la decisión de Álvarez de retirar este pedido de interpelación. Sostiene que la Comisión no puede conocer y sustanciar esta causa, sino “archivarlo inmediatamente”.
“De no hacerlo, nos encontraremos con el absurdo jurídico de que deberé comparecer a un juicio a presentar pruebas de descargo respecto de unas prueba de cargo inexistentes y refutar argumentos que nunca serán presentados”, señala.
Sin embargo, un informe jurídico de la Asamblea aclaró que “ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemplan la posibilidad o figura de retiro de juicio político por parte del solicitante”.
La intención de Álvarez era allanar el camino para un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), organismo encargado de nombrar autoridades de control.
Entre las causales para el juicio político al Procurador, el legislador argumentó un incumplimiento de funciones en la defensa del Estado ante tribunales arbitrales internacionales.