La decisión del Gobierno uruguayo de regular la producción, distribución y venta de marihuana para combatir el narcotráfico y abordar problemas de salud pública fue condenada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Raymond Yans, presidente de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas, acusó a las autoridades uruguayas de tener una “actitud pirata” ante las convenciones del foro mundial sobre las drogas.
El presidente de Uruguay, José Mujica, promulgó el 23 de diciembre la Ley 19.172 de regulación de la marihuana (cannabis), pero su entrada en vigor será este mes, dejando a todo el sector bajo la órbita del estatal Instituto de Regulación y Control de Cannabis, creado por la norma de 44 artículos. Diego Cánepa, prosecretario de la Presidencia, que encabeza Mujica, dijo a IPS que regular el mercado de la marihuana fue una decisión correcta para su país.
IPS: ¿Qué le parece que la JIFE llame “pirata” a su país por legalizar la marihuana? Diego Cánepa contestó: Bueno, la JIFE es solo un organismo de la ONU y es solo una opinión. Tiene un mandato especial, y ese mandato no es decidir qué enfoque debe adoptar cada país.
Hemos tenido un debate acerca de la correcta interpretación de las convenciones de la ONU sobre estupefacientes. Creemos, y tengo la evidencia que lo demuestra, que nuestra interpretación es correcta. Seguimos el espíritu original de la convención y esperamos que el paso que hemos dado sea el adecuado para crear un mejor control del mercado de la marihuana en nuestro país.
La prohibición fue un gran error en los últimos 40 años.
¿Se sintió frustrado al oír a personas de otros países decir que lo que ustedes están haciendo está mal, por ejemplo de países que tienen un enfoque mucho más conservador en relación a las drogas? DC: Respetamos mucho todas las opiniones. Es un debate abierto. No pensamos que somos los dueños de la verdad. Escuchamos con mucho cuidado las opiniones de otros países, pero defendemos nuestro derecho soberano a hacer lo que pensamos es correcto para nuestro propio país y para nuestro pueblo. Y creemos que, en cuanto a las políticas de salud, esta es la mejor opción para Uruguay. Pensamos que la prohibición no es la respuesta, y hay evidencias abrumadoras de que es un error. No queremos tener esta clase de política. Necesitamos tener el derecho a explorar un enfoque diferente en relación a las drogas.
IPS: Si dentro de un par de años ustedes concluyen que la legislación no está funcionando, ¿estarían dispuestos a volver a prohibir las drogas? DC: La cuestión es otra. Primero que nada, unos pocos años no son suficientes. Se necesitan por lo menos ocho, nueve o 10 años antes de sacar conclusiones. Necesitamos reunir muchas evidencias a lo largo de un período prolongado para entender realmente qué efectos está teniendo esta política.