54 bienes, a nombre de ocho sentenciados en el caso Sobornos, están ahora en manos del Estado ecuatoriano.
Son departamentos, parqueaderos, solares y terrenos que el expresidente Rafael Correa y siete personas más, entre ellos, empresarios y exaltos funcionarios del correísmo tenían en Guayaquil.
Ellos son parte de los 20 sentenciados por cohecho en esta trama de corrupción. La Procuraduría logró el comiso de los bienes a las ocho personas, pues no cancelaron voluntariamente el monto de reparación al Estado, dispuesto por un Tribunal de la Corte Nacional. Los autores y coautores debían pagar USD 778.224, cada uno; mientras que los cómplices USD 368.632, cada uno.
Luego de que se vencieran los plazos para que los sentenciados paguen esos valores voluntariamente o propongan fórmulas de pago, la Procuraduría pidió al Tribunal de Ejecución que ordene el pago a través de “la fuerza de la ley”.
El objetivo es embargar los bienes a nombre de los condenados, rematarlos y que el Estado pueda recuperar el dinero que se perdió en la trama ilegal.
¿Cuál es el proceso para recuperar esos bienes?
La Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría indicó que ese proceso consta de cinco pasos. Primero, se publica el mandato de ejecución de la sentencia en la web de la Función Judicial.
Luego, un Tribunal ordena el embargo de los bienes de los sentenciados. Previo a eso, la Procuraduría debe remitir una lista con las propiedades que posee cada implicado en el país. Esa información se puede obtener de entidades públicas como el Registro de la Propiedad, Superintendencia de Compañías, Dirección de Registro de Datos Públicos, Notarías, entre otras.
Un tercer momento es cuando la Policía ejecuta los embargos y levanta las actas de ejecución. Después se realiza inscripción de los embargos y pasan a ser administrados por depositarios judiciales. Finalmente se rematan los bienes y el dinero que se recaude regresan a las arcas del Estado.
El 7 de enero del 2021, el registrador de la Propiedad de Guayaquil informó al Tribunal de Ejecución que había inscrito el comiso contra los bienes inmuebles de ocho de los sentenciados en esta causa.
Por ejemplo, ahora el Estado posee un departamento que era de Rafael Correa. El inmueble está ubicado en el primer piso, bloque norte del condominio Centro de Viviendas, en el Puerto Principal.
El exmandatario criticó esta acción a través de su cuenta de Twitter. “Es un departamento de más de 50 años en los ex Bloques del Seguro en Guayaquil, que mi padre heredó a sus tres hijos. Todavía no encuentran el tesoro enterrado en el desierto de Catar”, escribió en una publicación.
En el caso Sobornos, los bienes que fueron comisados son únicamente los que estaban ubicados en Guayaquil. Sin embrago, la Procuraduría conoce que los sentenciados tendrían bienes en otros cinco cantones.
Por eso, el 24 de febrero de este año solicitó al Tribunal que disponga el embargo inmediato de otros bienes muebles e inmuebles que habría logrado identificar y ubicar en otros cantones del país, registrados a nombre de los condenados.
En noviembre del 2020, la Procuraduría determinó que Correa también tiene otra propiedad en el sector de Monteserrín (Quito). En 2018 el expresidente traspasó esa casa a nombre de uno de sus hijos, sin embargo, Correa y su esposa aún figuran como usufructuarios vitalicios, es decir que pueden habitar esa casa de por vida.