El Ecuador a escala universal defiende el derecho a que se penetre y divulgue los archivos y las comunicaciones que desnudan los poderes imperiales de Estados Unidos y de otros países capitalistas. La mayor evidencia de la militancia del Ecuador, en esa línea de conducta, está en haber autorizado que la sede en la Embajada en Londres sea el espacio de acción de Julián Assange, fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks, bajo un asilo de sede diplomática que no reconoce el Gobierno inglés .
Y, en su momento, se viabilizó la salida de Hong Kong de Edward Snowden, cuando Estados Unidos le anuló el pasaporte y ordenó su detención por haber revelado información a que había tenido acceso como técnico contratado de la Agencia de Seguridad Nacional de ese país, concretamente como desde esa Agencia se había penetrado en comunicaciones de gobernantes y de ciudadanos, para luego procesar las informaciones recogidas y utilizarlas a su conveniencia.
Personalmente, estoy de acuerdo en la transparencia absoluta, pero también en el respeto a la intimidad de las personas y que cualquier afectación a esta debe ser motivada y autorizada siguiendo un debido proceso.
¿Por qué aquello de la paradoja?, porque al interior del Ecuador, conductas de largo menos incisivas que las de Assange y Snowden parece que han pasado a ser los mayores crímenes que pueden cometerse.
Cuando escribo estas líneas, diciembre 27, estoy leyendo en los medios de comunicación lo sucedido en el domicilio de Fernando Villavicencio y en la Oficina de Cléver Jiménez, entre la medianoche y la madrugada de hoy, allanados por la fuerza pública, por orden judicial, para llevarse computadoras, tabletas, teléfonos celulares, documentos, aparentemente en búsqueda de información y de conocer las fuentes a que acceden los dos activistas.
Villavicencio estaba en su domicilio, con su familia, incluyendo niños. En la oficina de Jiménez parecería que no ha habido persona alguna. No se publican detalles si se levantaron actas en que se singularice que se llevaron y cuál va a ser la cadena de custodia.
En un ordenamiento procesal de respeto a los derechos ciudadanos, el acceso a la información de los equipos retirados debería ser con presencia de las personas usuarias de los equipos, para que nada se borre o se agregue.
Estuve en la Asamblea Constituyente de Montecristi -2007/2008- y en la Comisión Legislativa que se prolongó hasta julio del 2009, y en varios momentos entró al debate el derecho a la intimidad. Siempre advertí que redacciones no explícitas sobre el respeto a ese derecho, con el avance de la tecnología para violar sistemas informáticos y comunicaciones telefónicas, podían direccionarse para favorecer a que quienes tengan los equipos que permiten tal violación la practiquen. Los hechos parece que lo evidencian.