Me remito a los hechos, a los documentos, a los proyectos de ley y a las pruebas testimoniales de los expertos en cada materia e incluso representantes y asesores del propio oficialismo. Hay pruebas contrarias a lo que se enarbola en este cambio de época: la meritocracia. Una es la realidad y otros los discursos que lanzan y hacen campaña propagandística.
Me refiero a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea. El Código de Seguridad Ciudadana, el nuevo Código Penal Integral y el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que tienen aspectos positivos pero múltiples errores de forma y de fondo, inconstitucionalidades, fallas gramaticales, de sintaxis y de estructuración legal. Incluso expertos de estos temas han calificado como barbaridades jurídicas.
Parto de las propias críticas del oficialismo. El Presidente de la Asamblea cuestionó con razón una parte del proyecto de Telecomunicaciones. El Ministro del ramo sostuvo que Fernando Cordero estuvo equivocado en base a información errada, pero resulta que hasta la aclaración que intenta hacer no coincide con el texto del proyecto que se originó allí mismo (disposiciones octava y novena). Este proyecto ha sido cuestionado por asesores del sector oficialista, que señalan errores de forma y de fondo, que no está bien concebido ni redactado; que en lugar de remediar se ahonda, mezcla temas y confunde. Se pasa de unas formas de discrecionalidad a otras, con disposiciones contradictorias. Tanto se ha criticado el reparto de frecuencias, pero hasta hoy, luego de casi cinco años, no se ha solucionado.
En el caso del nuevo Código Penal Integral, según el jurista, penalista y catedrático, Ricardo Vaca Andrade, cómo pueden presentar un disparate como este y cómo van a legislar en la Asamblea en materias tan delicadas como son las leyes penales sustantiva y procesal sin tener los debidos conocimientos y que si no respetan al órgano legislativo por lo menos que respeten al pueblo ecuatoriano.
El proyecto del Código de Seguridad Ciudadana tiene incoherencias, errores y desconocimiento de la materia. Los expertos critican la pérdida de la oportunidad histórica para enfrentar el principal problema de la familia ecuatoriana: la inseguridad. Se contradice cuando se habla de una Policía Civil y se mantiene la formación militar. Tanto se proclamó el uso del polígrafo como medida de confianza y no se recoge en el art. 78 del proyecto. Se intenta concentrar en el Presidente el control de la investigación de la infracción (art. 134) cuando se entiende que esto debiera estar delegado y encargado a quienes se han especializado en el tema. El general Paco Moncayo estimó que no es posible que le hagan firmar al Presidente un proyecto con tantas fallas y que resulta una vergüenza presentar en esas condiciones.