Con nueve votos a favor y en segundo debate, el Concejo Cantonal de Cuenca derogó la tarde del jueves 29 de julio del 2021 la reformada Ordenanza de Control para el Suelo Urbano y Rural, y de Expansión Urbana de la capital azuaya.
La normativa tenía fuertes cuestionamientos de diferentes sectores como la Federación de Barrios, Juntas Parroquiales, abogados, arquitectos, corredores de bienes raíces, colectivos ciudadanos, entre otros, por las sanciones y altas multas económicas.
El cuerpo legal de 63 artículos establecía infracciones leves y graves, con sanciones de uno a hasta 50 Salarios Básicos Unificados (SBU). Por ejemplo, USD 40 000 a quienes construyan sin permiso del Municipio o realicen movimientos de tierra en zonas susceptibles de riesgos que afecten a bienes públicos.
USD 24 000 por construir cualquier edificación en áreas de protección de quebradas, ríos, cauces y drenantes naturales. En este caso el infractor debía hacer la demolición obligatoria. USD 20 000 por construir cerramientos definitivos fuera de la norma establecida, entre otros.
Desde que la reforma entró en vigencia, el 23 de junio, esta situación había despertado duras críticas. El Colegio de Arquitectos del Azuay solicitó que se suspendiera su publicación y promulgación y más tarde se conformó el Frente Cívico Ciudadano.
Desde esta organización se lideraron algunas protestas sociales en las calles de la ciudad. Para el concejal, Iván Abril, las multas eran excesivas frente a la crisis económica que vive la población por efectos de la pandemia del covid-19 y que vulnera el derecho a la vivienda.
En cambio, Pablo Cordero, director de Control Urbano, decía que la reforma era necesaria para un desarrollo urbanístico planificado del cantón ya que la ciudadanía no ha estado cumpliendo con el proceso adecuado para construir y usar los espacios públicos.
A partir de las protestas algunos concejales que habían votado a favor de una ordenanza reformatoria se retractaron y solicitaron al alcalde, Pedro Palacios, que volviera a poner el tema en discusión. Es así que el 23 de julio de 2021 se trató y aprobó su derogatoria en primer debate.
La polémica ordenanza estuvo en debate más de dos años y sustituía a la que estaba vigente desde 1995 para controlar el uso del suelo. El 23 de abril del 2021 había sido aprobada en segundo debate y entró en vigencia desde el 23 de junio.
Pero con las protestas y cuestionamientos aún no se empezaba a aplicar controles ni sanciones. Con esta derogatoria Cuenca se mantendrá vigente la ordenanza anterior, pero no se descarta volverla a tratar con otros mecanismos de participación.