Los 21 jueces e igual número de conjueces que conforman la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ), prácticamente, están designados; el 26 de enero serán posesionados de sus cargos. Elegidos en un proceso organizado por el Consejo de la Judicatura de Transición, con no pocos reparos: se argumenta que algunos de los elegidos tienen nexos sanguíneos o afinidad política con el partido de Gobierno. Otros, que en la selección no ha primado la equidad en la evaluación de los diferentes instrumentos utilizados.
Ahora, son ellos los que deben demostrar lo contrario, tener vigente siempre el art. 82 de la Constitución de la República de Ecuador: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Al fin, en casi toda nuestra vida republicana, la justicia ha estado íntimamente ligada a la política, siempre han existido jueces probos y de los otros; pero éstos, en mayor número que aquellos.
Un destacado jurista chileno, en uno de sus libros, habla de la “obligación de la ingratitud” de los jueces; se refiere a quienes han recibido el encargo de administrar justicia, el momento de actuar deben ignorar, si su fallo beneficia o perjudica a quien promovió su designación.
Cuando en una sociedad impera la justicia, cuando el derecho ha conseguido sus fines, todos los ciudadanos se dedican a lo suyo, estonces llega la paz social tan anhelada.
La esperanza es lo último que se pierde.