Desde el próximo lunes debía empezar a operar el Registro de Datos Crediticios (RDC), un ente público que se encargará de llevar el historial crediticio de los ecuatorianos.
Sin embargo, y pese a que el 95% de la información ya ha sido trasladada desde los burós de crédito privado hacia la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), que se encargará de este proceso, las autoridades postergaron el arranque para el 31 de diciembre de este año.
Según el superintendente de Bancos, Pedro Solines, la extensión del plazo tiene que ver con el afinamiento de la metodología que utilizará el sistema financiero. “Debemos tener cuidado para que el servicio sea excelente. Una información mal dada puede poner en riesgo al sistema”, dijo.
Pero durante el tiempo que ha durado esta migración, desde que se aprobó la Ley de Burós en octubre del 2012, ha obligado a las instituciones financieras a adaptar sistemas de calificación de sus clientes.
Y no solo que se decidió el traslado de toda la información crediticia a un buró público sino que también se eliminó la calificación por letras (A, B, C, D, E) que venía efectuándose hasta esos momentos.
El especialista financiero Jacobo Cartagenova, explica que el problema de cambiar de sistemas es que la información se desactualiza entre uno y dos meses, hasta que el nuevo proceso se consolide. Eso obliga a que las instituciones financieras sean mucho más minuciosas al momento de calificar a un cliente para un crédito.
Cuando un cliente se acerca a una institución financiera se le solicita tres tipos de documentación: la básica, la financiera y la de su historial. La primera tiene que ver con los datos de su persona: si es soltero, casado, dónde vive, dónde trabaja, datos de sus padres, de sus empleadores, entre otros.
La segunda se refiere a la información sobre sus niveles de ingresos, de gastos, tarjetas de crédito, otros ingresos, etc.
Y en la tercera se le realiza una radiografía sobre cómo ha evolucionado su historial crediticio: si ha pagado a tiempo, cuánto se ha demorado, si es que no ha cancelado alguna vez sus respectivas deudas.
En este punto es donde han existido mayores exigencias desde que se aprobó la Ley ya que, al no existir una calificación directa con letras, los bancos han tenido que desarrollar sus propios sistemas de calificación, cada una con procesos estadísticos y econométricos.
Por ello, un cliente propio de una entidad tendrá una mayor ventaja sobre el que no lo es, ya que su historial crediticio estará registrado. Mientras que para otra persona, el proceso se demorará más hasta cruzar la debida información.
Otro aspecto que ha cobrado importancia como un mecanismo de presión para forzar a un pago es el de los garantes. Hay entidades que exigen hasta tres personas que garanticen el crédito y que dispongan de niveles de ingresos similares al que tiene el deudor.
La estrategia de los bancos es que si el cliente no quiere hacerse cargo de los haberes, este garante ayudará en el cobro, ya que no querrá que el banco le llame a cobrar una obligación que no es suya.
Esta fórmula es más utilizada que las garantías de bienes (casas, autos, etc.) ya que los bancos evitan hacerse cargo de ellos porque los costos de trabar una demanda de cobro y de un posible remate posterior no justifican tener esas garantías.
Por otro lado, dependiendo de la aversión al riesgo de cada banco, se determinará hasta qué niveles deben ir cada uno de los parámetros que cada uno de ellos analiza antes de dar el crédito. Es decir, si por ejemplo, hasta hace un año y medio, las cargas familiares se ponderaban con 30 puntos, ahora se lo hace con 40 puntos.
La petición de más requisitos, aunque no se ha hecho una norma, sí es necesario cuando la persona está en lo que los asesores financieros llaman “umbrales”, o sea, los límites para negar un crédito.
En este caso, ya la transacción pasa de lo técnico a lo personal: queda en manos del analista.