El aniversario del 30S fue motivo para un nuevo despliegue publicitario del Gobierno y otro de sus intentos de sustituir la realidad por propaganda. En este año, sin embargo, las líneas de comunicación oficial profundizaron una tendencia que, estando presente en el pasado, se manifestó con mucha más fuerza. Me refiero a la apropiación de los símbolos patrios, en particular de la bandera nacional, como emblema de la posición política del Presidente y del Gobierno. Esta línea discursiva, propia de regímenes totalitarios, se dirige a absorber lo común, lo que es de todos, lo esencial del espacio público a la lógica del Estado, al ámbito donde opera la unanimidad que requiere el uso del poder. La bandera es, quizá, el elemento más importante de ese espacio común; es el símbolo en que todos nos identificamos; es la manifestación material y simbólica de lo que nos cobija a todos. En la bandera no nos reconocemos como individuos, ni como parte de un grupo, sino como integrantes de una comunidad mayor que confluye en un hondo sentimiento de pertenencia. Por ello, la bandera es el elemento principal de identificación colectiva en las circunstancias en que nos relacionamos con ciudadanos de otras nacionalidades; por ello con ella bañamos nuestra alma de amor por lo que somos en común.
La estrategia comunicacional del Gobierno irrespeta impúdicamente a nuestra bandera: la convierte en instrumento de la ideología oficial; la denigra al punto de transformarla en dispositivo publicitario; la hace cuchillo para cercenar de la patria a quienes no apoyan al Presidente o discrepan de la postura oficial.
La bandera, antes que un símbolo de inclusión, de construcción de un espacio común, se transforma en arma de exclusión. Aún más, las piezas publicitarias que el Gobierno difundió sobre el 30S y que utilizaron a la bandera como su elemento visual central, pretendieron crear un imaginario de militancia y de adhesión política incondicional al líder. Su llamado era a un apoyo activo; excluyente, incluso, de aquellos que pudieran tener una postura pasiva. Se usa la tricolor para cometer así un acto de expulsión de la comunidad política, expulsión de la patria, expulsión del espacio común a quienes no comparten el impulso militante de adoración al caudillo.
Este irrespeto a la bandera es una acción inadmisible. Es la usurpación de un bien colectivo, la apropiación ilegítima de algo que existe para unirnos, no para separarnos.
Esa bandera tricolor no pertenece al Gobierno ni al Presidente. Nos pertenece a todos, a quienes apoyan al oficialismo y a quienes no lo hacemos. Así la reclamamos, así la amamos y nos duele verla usurpada, robada, instrumentalizada políticamente, irrespetada como si fuera propiedad privada del grupo en el poder.