La detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cartel del Pacífico, no alterará la dinámica del tráfico de drogas en México, pero ofrece la oportunidad de transformar la política contra este delito, coinciden expertos a IPS.
El organigrama del Cartel de Sinaloa, ahora del Pacífico, “refleja la debilidad del Estado mexicano”, analizó Edgardo Buscaglia, presidente del no gubernamental Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia. En Sinaloa, estado del noroccidente de México, tenía su centro de operaciones el narcotraficante más buscado del mundo, hasta su captura en la madrugada del sábado 22. A juicio de Buscaglia, los dos anteriores gobiernos, del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), “solo desarmaron grupos reticulares del poder, sin reemplazarlos” por una adecuada presencia del Estado. Para lograrlo, se necesita “la investigación patrimonial” de la red empresarial y política que permitió en primer lugar la expansión del Cartel de Sinaloa, dijo Buscaglia. El Cartel del Pacífico es el más poderoso que opera en México y se disputa con al menos otras siete agrupaciones delictivas la producción, el traslado y el contrabando de drogas ilícitas hacia el gran mercado estadounidense.
Efectivos de la Marina mexicana detuvieron a Guzmán en un edificio de apartamentos en la turística y portuaria ciudad de Mazatlán, gracias a información compartida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Guzmán ya había sido capturado en Guatemala en 1993, pero tras su extradición y encarcelamiento en una prisión de alta seguridad en el occidental estado de Jalisco, se fugó en enero de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Desde entonces, Guzmán, apoyado en Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José “El Azul” Esparragoza, construyó un imperio narcoempresarial, en 58 países de América Latina, Europa, Asia y África, según datos especialistas en el tema.
En esa red transnacional, la organización obtiene insumos para fabricar drogas, comprar armas, lavar dinero y crear centros de producción, almacenamiento y distribución. Su reaprehensión “era previsible, porque (estos capos) se vuelven objetivos para demostrar que en México existe el Estado de derecho”, consideró Javier Oliva, experto en seguridad nacional y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México. En el pasado sexenio, presidido por Felipe Calderón (2006-2012), “hubo rivalidades en el Gabinete. Ahora la coordinación es notablemente mayor y hay una línea de continuidad, porque las Fuerzas Armadas siguen estando al frente de la lucha”, analizó.
Cuando asumió el cargo, en diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió un nuevo enfoque de seguridad, para diferenciarse del legado de su antecesor Calderón, cuya guerra contra las drogas dejó más de 100 000 muertos.