El mapa político ecuatoriano experimenta desde hoy una nueva correlación de fuerzas.
En teoría, la distribución del poder territorial se modifica en comparación al período 2009-2014. En ese lapso, el ejercicio del poder en el ámbito local fue cómodo para el Gobierno, que logró hilvanar una alianza con la mayoría de administraciones municipales y provinciales.
De ahí que para las presidenciales del año pasado, un total de 170 alcaldes expresaron su apoyo a la reelección del Rafael Correa. Es decir, que el oficialismo prácticamente logró triplicar el apoyo de autoridades municipales, ya que en el 2009 solo obtuvo 65 alcaldías.
Sin embargo, los resultados de las elecciones del 23 de febrero del 2014 cambiaron ese panorama. En especial en las capitales provinciales, donde Alianza País no obtuvo la votación que esperaba, si se toma en cuenta que presentó candidatos propios en prácticamente todas esas jurisdicciones.
Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento del Gobierno captó cuatro de las 24 capitales de provincia. Si a ese número se suman las tres alcaldías de su aliado Avanza, el oficialismo controlará desde hoy el 29,1% de esas urbes.
En contraste, el resto de capitales está en manos de grupos opositores o que buscan posesionarse como alternativa al proyecto de la revolución ciudadana.
“Desde hoy el Gobierno central se va a sentir débil en las principales ciudades del país y en las capitales provinciales. Será un escenario territorial que no controle tanto”. Esa es la lectura de Felipe Burbano de Lara, catedrático de la Flacso.
Sus palabras se refieren a que desde este día no solo Guayaquil y Machala estarán dirigidas por representantes de sectores no alineados. A ellas se sumarán localidades como Babahoyo, Tulcán, Riobamba, Azogues, Tena, Portoviejo, Guaranda, entre otras.
Sin embargo, el punto más crítico para el Régimen es la pérdida del control municipal de Cuenca y Quito, que estaba en manos de su movimiento.
En este marco, la derrota en la capital es la más simbólica para el presidente Correa, quien desde la campaña electoral no ha ocultado su preocupación porque esté en manos de Mauricio Rodas (SUMA-Vive), quien se califica como un político del centro progresista.
El analista Jorge León coincide en que hay un retroceso del poder del gobierno de Correa en las administraciones locales. Y que, teóricamente, se visualice un escenario de contrapeso político al Ejecutivo.
Pero advierte que en el último período municipal el oficialismo ya dio muestras de su capacidad para tejer alianzas con gobiernos locales, a través de financiamiento de proyectos.
Prueba de ello es que los alcaldes amazónicos afines a Carondelet integren el colectivo Amazonía Vive, que impulsa una consulta popular para apoyar al Gobierno en su plan de explotar el Yasuní.
“Las autoridades que se posesionan hoy tienen como primer objetivo alcanzar un éxito de gestión”, agrega León.
De hecho, tras el sacudón electoral del 23-F, el Gobierno empezó a mover sus resortes para atenuar el impacto.
En coordinación de la Secretaría de Gestión de la Política, 174 alcaldes y 13 prefectos electos suscribieron un manifiesto público de respaldo “al Presidente de la República y a la revolución ciudadana”. Lo hicieron el 7 de abril pasado, como un prueba de su deseo de trabajar de forma coordinada con el Gobierno central.
Entre ellos figuró, por ejemplo, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, quien había derrotado al alcalde de Alianza País, pero que en reiteradas ocasiones ha expresado su afinidad política con Correa.
“Es impredecible saber cómo van a actuar los alcaldes: si en su línea van a pesar más los recursos o las diferencias políticas”, se pregunta León.
En esa nómina de apoyo no estuvieron los alcaldes Jaime Nebot y Rodas. Este último ha reiterado que trabajará de forma coordinada, pero con absoluta independencia.
En contexto
Los resultados electorales del 23-F significaron un sacudón para el oficialismo, cuyos candidatos a alcaldes perdieron en la mayoría de las 24 capitales provinciales. Ese proceso abre otro escenario político, en el que el Gobierno tiene menos poder en los territorios.
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