En medio de la crisis argentina de 2001 y 2002, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió los tristemente célebres “patacones”. Aunque legalmente no eran una moneda, se veían y se usaban como billetes. Las provincias emproblemadas emitían estos papeles y los usaban para pagar sus obligaciones, entre ellas los sueldos de sus empleados. Como contraparte, se comprometían a recibir dichos papeles para saldar obligaciones tributarias. Fue una manera “creativa” de darle la vuelta al sistema de convertibilidad, que exigía que cada peso argentino esté respaldado por un dólar norteamericano.
En teoría, cada patacón era igual a un peso o a un dólar, pero pronto la ciudadanía comenzó a intuir que esos papeles no tenían respaldo y los aceptaba a un menor valor; es decir, creaba de hecho un tipo de cambio patacón/dólar. Los precios medidos en patacones comenzaron a subir, reduciendo el poder adquisitivo de los patacón-habientes.
Muchos pensábamos que los argentinos llamaban patacones a estos curiosos bonos por los famosos plátanos verdes fritos y chancados. Pero no: en realidad, los patacones fueron monedas de plata usadas en los tiempos coloniales e inicios republicanos. Esas antiguas monedas fueron las que inspiraron tanto el nombre del invento monetario bonaerense como el de las rodajas de plátano verde por su forma de monedas.
Con el fracaso de la convertibilidad, también se eliminaron los patacones, y actualmente su recuerdo evoca lo más grave de la crisis económica y financiera argentina. Sin embargo, hay intentos de revivirlos. Sus arquitectos originales han propuesto esta semana volver a emitir las cuasi monedas para pagar hasta el 50% de los salarios públicos. La propuesta no ha tenido eco, y menos aún entre los empleados, que no han querido recibir su sueldo en patacones.
Una propuesta algo más sofisticada está circulando en el Ecuador para emitir dinero electrónico en el Banco Central sin ningún respaldo, es decir un patacón electrónico, para pagar una renta básica universal (RBU) de USD 400 mensuales a un millón de familias, es decir USD 4.800 millones anuales, un monto mayor que el total de las reservas internacionales. Sus proponentes sostienen que no tendría ningún costo fiscal, y que no afectaría al sistema financiero ni a la dolarización, una pomada mágica.
Esta versión ha asustado a muchos que incluso ven el inicio del fin de la dolarización. El ex asesor económico del gobierno, Manuel González, ha pedido “enterrar estas disparatadas ideas en el baúl del populismo económico”. Antes de hacerlo, y para no vaciar la tina con el wawa dentro, rescataría el tema de la RBU, una discusión clave que debería darse en un marco integral de los programas de protección social y empleo, con bases técnicas y con un financiamiento realista y no demagógico.