Juan Olovacha fue impactado por 7 perdigones en su cabeza, durante las potestas de octubre del 2019. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
Vanesa Olovacha se lamenta. Llora mientras trata de articular las palabras. Ella cuenta que este año su hermano, Juan, iba a terminar la carrera de economía en la Universidad Técnica de Ambato. Hoy, ese sueño se derrumbó. Permanece en cama y dice que está allí, porque durante las protestas de octubre del 2019 sufrió el impacto de perdigones en su cabeza.
Los familiares se turnan para cuidarlo. Está en una habitación, en su natal Quisapincha (Tungurahua). Ahí lo bañan, visten y alimentan. Para evitar las escaras lo mueven a un sofá. Se necesita de dos personas para cargarlo. No puede valerse por sí solo.
En los peores momentos de su convalecencia llegó a pesar 87 libras. Los huesos se marcaban en la piel de sus brazos, piernas y costillas, dice la familia.
Hoy, el joven de 31 años pesa 115 libras. Antes del incidente ocurrido en octubre del 2019 pesaba 168, señala Vanesa, que interrumpe por unos minutos la atención en una tienda de abarrotes para conversar con este Diario.
Ella debe trabajar más horas, porque ayuda con los ingresos que servirán también a su hermano. Desde que Juan llegó a casa, hace dos meses, la familia asegura haber gastado cerca de USD 18 000 en una operación para la reconstrucción del cráneo y también en fisioterapias para la deglución y respiración. Los perdigones afectaron sus funciones motrices.
La cirugía se realizó en una clínica privada de Ambato, porque en los hospitales públicos la atención se interrumpió debido a las medidas adoptadas por la propagación del covid-19.
Vanesa recuerda que los médicos les explicaron que los proyectiles arrancaron partes de la masa encefálica y del cráneo. En las intervenciones médicas, inmediatas al incidente, también se le extirpó una parte del cerebro afectada por los proyectiles.
La familia recuerda que todo ocurrió el 8 de octubre del 2019, cuando el universitario cayó al piso tras el impacto.
Los parientes aseguran que los perdigones fueron lanzados desde el sitio en el que se encontraban agentes de la Policía.
Juan fue trasladado por los manifestantes al Hospital Eugenio Espejo, en Quito, muy cerca de la Asamblea Nacional.
El primer día permaneció solo. Cerca de las 12:00 del 9 de octubre los familiares lo encontraron luego de una búsqueda por casas de salud.
Él había llegado a Quito como parte de una delegación de Quisapincha en las manifestaciones que se generaron tras la firma del Decreto Ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.
Vanesa resalta la fortaleza de su hermano. Recuerda que ha sido sometido a cirugías, que sufrió tres paros cardiacos y que respondió tras la reanimación de los médicos cuando estaba en urgencias.
El joven pasó 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos le hicieron una traqueotomía. Ahí, postrado e intubado se conoció que su novia estaba embarazada. Su hija ya nació y hoy la familia también ayuda con los gastos de la bebé.
Rocío Olovacha es otra de sus hermanas. Ella también lo cuida. La mujer se sienta con cuidado en una silla que está junto a la cama con colchón anti escaras.
Es profesora de inicial y tuvo nueve años de experiencia en estimulación temprana. Las técnicas que aprendió para mejorar la motricidad de los niños ahora las aplica con Juan.
Alterna el teletrabajo, que cumple desde que inició la pandemia, y los cuidados a su hermano.
Hoy ya puede levantar su mano derecha hasta el pecho y mueve ligeramente los dedos de la izquierda. Trata de comunicarse poco a poco.
Cambió la forma de alimentarse. Ya no necesita sondas, sino que comenzó a comer licuados por la boca.
“Sé que todo esto es lento. Con la bendición de Dios vamos a poder ayudarlo y va a salir. Ha cambiado la vida de nosotros. No tenemos lo que es vida social, no tenemos nada. Estamos pendientes de cuidarlo a él. Nuestra vida ha dado un giro de 180 grados”, añade Rocío, que llora al recordar la vitalidad que tenía Juan antes del incidente.
La familia quiso presentar una denuncia por las lesiones de Juan. El 9 de octubre buscaron presentar el escrito ante la Fiscalía apenas conocieron del estado de su hermano.
Vanesa cuenta que ese día no le permitieron el paso al edificio, porque había un piquete policial que cercaba el inmueble en el centro norte de Quito.
Seis días después presentaron su caso junto con los de los otros heridos por las protestas.
Vanesa indica que no existe avance en las investigaciones y que los agentes no les han llamado para nuevas diligencias. Debido a los gastos por el cuidado de su hermano no tienen dinero para un abogado particular que patrocine el caso.
Esperan que la Fiscalía pueda encontrar del disparo de perdigón que afectó a su hermano. Sus hermanas y su mamá, Luz María Tubón, aseguran que perdonan a quien apretó el gatillo ese día mientras apuntaba a su hijo. Le desean paz en su corazón.
Hoy la familia sí busca iniciar una acción legal, pero tiene otro objetivo inmediato. Necesitan que un juez autorice disponer de dos vehículos que tiene Juan. Un auto lo compró para su trabajo y el otro fue una herencia de su padre, quien falleció hace dos años.
Con esos permisos, los familiares esperan vender los automotores para generar recursos.
Necesitan al menos USD 35 000 para una nueva operación en la que se le instalará una malla en el cráneo.
La mamá de Juan se acerca y lo mira. No puede hablar, porque las lágrimas la ahogan. “Mi vida es muy amarga; es duro por verlo así”, dice antes de interrumpir su relato y tomarse la cara con sus manos.
Cuando Juan la escucha se desespera. Trata de articular palabras. Su respiración se agita. Sus hermanas dicen que está consciente de todo lo que pasa a su alrededor. “Tranquilo Juanito”, le dice su mamá. Al escuchar su voz, el joven se calma nuevamente.