El Ecuador, pese a gozar de una gran riqueza y variedad en recursos naturales, es al mismo tiempo un país muy proclive a la afectación de una serie de factores de riesgo, principalmente desastres naturales. No estamos exentos de la afectación de terremotos, erupciones volcánicas, expulsión de ceniza, aluviones, crecidas de ríos, inundaciones, deslizamiento de tierras, maremotos, tsunamis, sequías, entre otros.
Por esta razón no es casualidad que hace apenas una semana hayamos tenido en la ciudad de Quito un aluvión que causó serios estragos en la localidad de Pomasqui. No es tampoco extraño que en días pasados miles de toneladas de ceniza (producto de la erupción del volcán Sangay) hayan afectado cientos de sembríos y cabezas de ganado, así como infraestructuras, viviendas y el servicio de agua potable en varias localidades de las provincias Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí.
La amenaza potencial de desastres naturales debería llevarnos a tener un organismo gubernamental de gestión de riesgos potente y dirigida por técnicos de primera línea. No lo que ha sido hasta el día de hoy. La “última rueda del coche”. Instancia usada para pagar favores políticos, sin financiamiento y con gente poco preparada.
De ahí que no sea nada extraño que, en esta coyuntura de pandemia, una de sus tareas haya sido la compra de 7 000 kits de alimentos con sobreprecio (¡es que se trata de fideos sin gluten!). Sí, oportunidad para cometer actos ilícitos y corrupción.
Y es que el motivo fundamental de una unidad de gestión de riesgos no es evitar que se produzcan los desastres naturales sino anticiparse a los hechos y tratar que la afectación sea menor, asegurando un pronto restablecimiento y recuperación de las zonas afectadas.
Con respecto de la reciente caída de ceniza se contabiliza al momento cerca de 80 mil hectáreas de cultivos dañados, así como miles de cabezas de ganado afectadas con la consiguiente pérdida en la producción de leche.No estamos preparados para responder a situaciones de desastres naturales. Eso se pudo ver cuando el terremoto del 2016 en Manabí y parte de Esmeraldas, en la erupción del volcán Tungurahua, en las inundaciones de la Costa y recién, en la caída de ceniza en varias provincias del país.
Y pese a que existe un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, éste no funciona. Lo mismo sucede con los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y locales. Son prácticamente nulos en términos de análisis, investigación, prevención, mitigación, preparación, generación de alertas tempranas, construcción de capacidades sociales e institucionales para la gestión de riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción.
No puede ser que un país que tiene tantas amenazas y riesgos, ya no solo de carácter natural sino también de carácter antrópico (epidemias), sea manejado de manera tan improvisada y poco profesional. ¿Quién responde por ello?