En el caso Sobornos, con sentenciados en casación de días atrás, no se procesaron delitos aislados porque éstos no se produjeron así, sino que fueron parte de encadenamientos de corrupción; prácticas direccionadas desde el poder para requerir contribuciones a empresarios en la contratación pública, e involucramiento de éstos: dando y dando.
Lo del asambleísta Mendoza, por el Hospital de Pedernales y otras obras en Manabí, también tiene múltiples actores y beneficiarios cuyas identidades están por conocerse.
En el área de salud, son varios los encadenamientos. Aparentemente, de inicio por acuerdos políticos, pero después se fueron entrelazando, más en tiempo de pandemia, porque se “evidenciaba” que podían hasta “reinvertir” en negocios “lícitos” como vía de lavar dinero.
Estaría por evidenciarse un encadenamiento de ilícitos iniciado en tiempo del correato, de manejo de obligaciones, bonos y otros títulos de obligaciones que bordean el orden de USD 532 millones, en perjuicio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional Isspol, investigación que podría generar pistas para establecer otros ilícitos.
Al respecto, el viernes 18 de septiembre del 2020, 1:11 pm, la ministra María Paula Romo escribió “La Superintendencia de Compañías actuando al fin con mano firme en Decevale. Será clave para las investigaciones que llevamos adelante por estafa a los fondos del Isspol, en operaciones swap y de bonos realizadas 2015 y 2016. Vamos a recuperar los recursos y a exigir sanciones”. Gravísima imputación de la Ministra de Gobierno, años “2015 y 2016”, plena vigencia del correato.
Decevale es el único depósito centralizado de valores autorizado que ha venido operando en el Ecuador, establecido en 1994, por las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, cuyas principales competencias han venido siendo recibir en depósito valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, encargarse de la custodia y conservación de los valores, brindar servicios de liquidación y de registro de transferencias y operar como cámara de compensación de valores.
Parecería que muchos supuestos “títulos de inversión” no tuvieron respaldo y se canalizaron a entidades como el Isspol, cuyos mandos -desde Ministro de Gobierno y Comandante General de la Policía, para abajo- o ignoraban todo, o fueron de ingenuidad supina, permitiendo que se forme un bolondrón de papeles basura que se acrecentaba con reinversiones falsetas, además con intermediarios puros membretes, sin presencia significativa alguna en el mercado.
Las entidades de control y la Fiscalía deben actuar de inmediato, para que no hayan más fugados al exterior.
Además, debe haber severidad en el control de las compañías emisoras de obligaciones, en cuanto a su transparencia.