El viernes se anunció que el Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario. Normalmente esto ya sería una buena noticia, pero las características de lo acordado lo hace casi histórico.
Lo primero que llama la atención es el monto aprobado: USD 6.500 millones, una cantidad que supera con distancia cualquiera de los anteriores préstamos del FMI. Lo segundo es que parte de ese dinero, si quiere, lo recibirá el próximo gobierno.
En teoría, la relación con el Fondo es la siguiente: el Ecuador solicita un préstamo (porque estamos sin un centavo de plata) y paralelamente explica cómo va a repagar ese crédito. Esa explicación, resumida en una carta, detalla los pasos que el país tiene la intención de implementar para poder salir del embrollo en que se encuentra. Eso es, precisamente, la “carta de intención”. Y si el Fondo encuentra una suficiente probabilidad de repago, el dinero se presta.
En la práctica, cuando el país presenta su “carta de intención”, ya ha habido un proceso de negociaciones que lo que buscan es asegurar la capacidad de que se pague el préstamo concedido.
Por eso es que un acuerdo con el FMI es una muestra de que un país que lo firma tiene sus finanzas en orden o, al menos, que está en proceso de ordenarlas. Esa es la razón por la que llegar a un acuerdo es una buena noticia para nosotros y también explica por qué otros organismos multilaterales pueden dar más préstamos si ya existe una constancia de que se está manejando la economía con la sensatez necesaria para usar bien esos créditos y luego repagarlos.
La lógica de seguir endeudándose en un país ya endeudado es que los ingresos “usuales” del Gobierno (petróleo e impuestos) están en un nivel tan bajo que si no hubiera financiamiento, el gasto tendría que reducirse a niveles bajísimos y los atrasos se dispararían más de lo que ya están. Y mientras el Ecuador siga manejando sus finanzas públicas con algo de sensatez, esas deudas serán pagables (si no, no hubiera acuerdo).
En la práctica, el Gobierno financia su gasto con ingresos petroleros, ingresos tributarios, préstamos y atrasos, siendo estos últimos extremadamente dañinos para el economía. Los atrasos son una manera de “obligar” al sector privado a financiar al gobierno y su acumulación es siempre un lastre económico por el efecto multiplicador de que “nadie paga a nadie”. Todo crédito ayuda a reducir esos destructivos atrasos.
Hoy es clave mantener un gobierno funcionando, porque sin eso, no habrá recuperación de la crisis. Y para reactivar la economía, también es clave reducir los atrasos y de esa manera reducir el lastre que está cargando el sector privado. Este acuerdo histórico es una herramienta para lograrlo.