El valor nominal de los bonos se ha reducido en 1 540 millones de dólares, de 17 375 a 15 835. Pero el valor actual -descontado a los nuevos plazos- ha disminuido en el 50 por ciento. El plazo promedio ha pasado de 6,1 a 12,7 años. La tasa de interés ha bajado del 9,2 al 5,3 por ciento. Se prevén 5 años de gracia para el pago de capital y 2 años para los intereses, todo lo cual brinda un enorme respiro para los 9 meses de este Gobierno y los 4 años del próximo. Ha sido exitosa la renegociación llevada a cabo por el ministro Martínez y su equipo, con la asesoría de Hogan Lovells, Lazard y Citi.
Pero, cuidado, esto no significa que Ecuador dispondrá de nuevos recursos para gastar, como se escucha a algunos personajes desorientados y proclives al gasto público. Al contrario, implica que el presupuesto fiscal ya no tendrá en los próximos años un dogal que le habría obligado a destinar un porcentaje muy importante al servicio de la deuda, en perjuicio de las necesidades sociales básicas, como seguridad, educación y salud. Y tampoco hay que creer que ya todo está hecho y que el país puede volver al desperdicio de los recursos públicos, a mantener un Estado por encima de sus capacidades y, lo que sería todavía peor, que se persista en la contratación de obras de relumbrón, los negociados y la corrupción.
Ecuador tendrá que afrontar con valentía la eficiencia y la reducción del gasto estatal para situarlo en el nivel posible de financiarlo.
Prohibidos nuevos déficits presupuestarios que deben cubrirse con deuda, como en los últimos 10 o más años. Indispensable la reestructuración de todo el sistema impositivo, de manera que se simplifiquen las leyes tributarias (actualmente un galimatías por el número de leyes que crean y reforman impuestos y su voluminosa y descoyuntada reglamentación), favorezcan la recaudación, eliminen exenciones que se han convertido en hoyos negros para la evasión y elusión. Se terminen los subsidios explícitos u ocultos que no se justifican, porque van a quienes no los necesitan (las universidades públicas no pueden ser gratuitas. Habrá que dar becas a quien las necesite, pero es inmoral que jóvenes que egresan de colegios caros, dejen de pagar en las universidades estatales). Sobran la mitad de los ministerios y decenas de viceministros, subsecretarios y asesores. Se requiere un gobierno pequeño, fuerte, eficiente y honesto.
Y, de manera inmediata, es mandatorio cortar de raíz el financiamiento de las campañas de los candidatos a la Presidencia, vicepresidencia de la República y legisladores locales y andinos. En la profunda crisis económica y social que vive el país, no se pueden desperdiciar los escasísimos recursos públicos en financiar la propaganda de personajes vanidosos que buscan mejorar su pobre currículo, o favorecer a grupos cuasi mafiosos con la dispersión del voto.