La mañana de ayer, las autoridades realizaron un operativo con el fin de controlar el desorden en la zona de El Tejar. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
No hacen fila ni conservan la distancia mínima de 2 metros. En la esquina de las calles Mejía y Mires, en el Centro de Quito, más de un centenar de personas se aglomeran.
Son vendedores ambulantes y esperan abastecerse de mascarillas para ofertarlas luego en las vías con mayor tráfico.
El local que las vende al por mayor está a reventar. Las personas salen cargando sobre sus hombros grandes fundas plásticas llenas de estos insumos de bioseguridad.
Algunos, en la calle, abren las bolsas para contarlas. Otros dividen la mercadería y la reparten entre más personas.
La ganancia no es mala. La docena de las mascarillas que tienen filtro cuesta USD 10 y se vende por unidad a USD 1,50. Los 12 protectores faciales de plástico cuestan USD 6, y cada uno se vende a USD 1.
La imagen es recurrente en esta zona, la más comercial de la capital. La cantidad de vendedores ambulantes que llega al sector tanto para abastecerse como para vender genera aglomeraciones y eso se traduce -según las autoridades- en más contagios.
Hasta el 3 de agosto del 2020, el Centro Histórico tenía 610 casos positivos de covid-19, lo que la convierte en una de las zonas con más contagios en la urbe.
Los técnicos de la Administración Zonal Manuela Sáenz, a la que pertenece este sector, han identificado seis zonas conflictivas en donde se producen tumultos: las calles Rocafuerte, Imbabura, Mejía, Chile, Chimborazo y Abdón Calderón. En todas abundan los negocios.
Este siempre ha sido el corazón del comercio de Quito, donde los dueños de locales pequeños como bazares, tiendas de ropa, locales de venta de calzado y otros, se proveen.
Calles como la Benalcázar, la Cuenca y la Mejía son consideradas la gran bodega del Centro Histórico. Hay venta al por mayor de confites, alimentos, telas, zapatos, maquillajes, bisutería, entro otros, por lo que antes de la pandemia era común ver a personas en camionetas y camiones haciendo compras voluminosas.
El virus cambió esa dinámica y ahora la cantidad de comerciantes ambulantes que compran sus productos en estos establecimientos aumentó.
Carlos Castellanos, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas, cuenta que hay más vendedores autónomos no regularizados a lo largo de toda la ciudad, que en su mayoría se dedican a la venta de mascarillas y frutas, y se abastecen en El Tejar.
Jofre Echeverría, presidente del buró del Centro Histórico de Quito, da fe de aquello y cuenta que la crisis económica obligó a los pequeños negocios a cerrar. Incluso hoteles, restaurantes y panaderías, que permanecieron allí por
años, quebraron.
Es lo que Echeverría llama un círculo vicioso: los locales cerrados generan más desempleo y prolifera la informalidad. Las personas que se quedaron sin trabajo encuentran en las ventas un ingreso.
El problema que ha identificado el Buró es que conforme aumentan los informales, más negocios quiebran.
Echeverría asegura que la competencia es desleal. El comerciante informal no paga regalías, IVA, ni permisos ni renta, por lo que puede vender los productos a menor precio.
En la calle Guayaquil, por ejemplo, la renta al mes de un local de menos de 80 m² llega a USD 600. Los locales grandes pagan sobre USD 3 500. Usar la calle de manera informal, en cambio, es gratis. Así, el ambulante -dice Echeverría- sustituye al negocio formal.
María Fernanda Garcés, secretaria de Desarrollo Productivo, explica que el comercio autónomo irregular es la respuesta de la actividad económica de la ciudad a los efectos de la pandemia. De modo que el trabajo formal se ve reemplazado por el informal.
Al ser una actividad no registrada no hay datos exactos de cómo evoluciona; no obstante, el Municipio ha hecho un estudio a nivel de pérdidas económicas y desempleo en la urbe.
El decrecimiento de ventas en Quito ha sido importante. Según datos de la Secretaría, en mayo del 2019 se vendieron USD 5 994 millones, mientras que en mayo de este año la cifra bajó a USD 2 948 millones.
Ese decrecimiento muestra cómo está la economía de la ciudad -dice Garcés- y aunque no se puede decir cuánta informalidad hay en Quito, esa reducción de la actividad económica se traduce en desempleo y en informalidad.
Desde que la ciudad cambió a semáforo amarillo, el 3 de junio, solo el 70% de las empresas registradas ha abierto.
Garcés añade que los sectores más afectados son los relacionados con artes, entretenimiento, recreación, alojamiento y servicios de comida.
Desde el 17 de julio, la AMC ha sancionado a 84 personas por actividad económica informal. Además, el Cabildo ha diseñado algunos ejes de trabajo para ayudar a activar la economía. Se ha capacitado a los dueños de los negocios en bioseguridad y se está trabajando en la posibilidad de habilitar terrazas, para que los restaurantes puedan expandirse.