La regla entre políticos, no políticos y ex deportistas que llegan a altos cargos de la función pública ha sido trastocada, salvo excepciones. Los valores morales y éticos ya no existen para ellos porque aparecen desaforados para “hacer negocios” con los dineros del pueblo y enriquecerse rápido, con el uso de artimañas en la contratación pública. No se dan cuenta que se han transformado en ladrones de una esperanza de un país mejor, aunque eso no les importe.
Tienen la audacia de penetrar en la justicia para que brille la impunidad e incluso jueces que sospechosamente flexibilizan las medidas y les mandan al arresto domiciliario o les ponen grillete electrónico, antesala de la fuga como ya ocurriera con ex altos funcionarios del correísmo, que estructuró una organización delincuencial desde la Presidencia.
El país mira con indignación cómo se intenta justificar las compras públicas con un juego de palabras como si la gente fuera boba. En medio de esta pandemia, escasez y pobreza, se argumenta que las adquisiciones de materiales de bioseguridad o kits alimenticios se han hecho a las “ofertas más baratas”. Es decir, si una funda cuesta USD 10 y las ofertas son de USD 160, 150 o 148 y si se escoge la más baja hay ahorro. Por qué la enorme diferencia de precios cuando es el mismo producto y solo cambia la presentación.
Lo inaudito es que comprando por unidad en la botica del barrio resulta más barato que adquirir al por mayor, miles y miles de insumos. En unos hospitales, gobiernos autónomos descentralizados y tantas otras instituciones públicas se volvió la regla comprar mucho más caro. Ya basta de tanto engaño. La Fiscal General actúa con valentía y la administración de justicia, contemplativa con quienes están involucrados en presuntos robos, a diferencia de aquel que hurtó un celular y lo condenan a años de cárcel, no tiene medidas sustitutivas, no va al arresto domiciliario y como no dispone de dinero se queda tras las rejas.
Son tan audaces, con cinismo y sin pudor que familiares, esposa e hijastros hacen negocios en la institución pública que dirige el marido y cuando les descubren “recién se da cuenta” y pide que se investigue a los parientes. Quién se cree ese cuento.
Esta pandemia de la corrupción no va a desaparecer si no hay la recuperación de los valores y una reforma profunda de la estructura institucional que no se quiere impulsar. Exigir lo básico: el respeto al bien ajeno, más aun si es del Estado, al que creen que le pueden saquear. La Asamblea debe sacudirse, dejar el espíritu de cuerpo, autodepurarse y levantar la inmunidad de involucrados en actos de corrupción y aprobar las leyes necesarias. Basta de tanta desidia. Hay que identificar el desempeño de los operadores de justicia que contribuyen con sus fallos a la impunidad.