Entrevista del día / Hugo Carrión, Ingeniero en Telecomunicaciones
¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?
Su experiencia. Es catedrático en la Escuela Politécnica Nacional, fue asesor técnico en el Conatel, etc.
Su punto de vista. Se debe revisar el modelo matemático que se realizó en la renegociación de los contratos de concesión con las operadoras.
¿Cómo se explican las medidas adoptadas por el Régimen en lo que corresponde a la no caducidad de saldo de las operadoras móviles?
Estas resoluciones, aunque un poco tarde, benefician a los usuarios, los cuales perdían minutos no consumidos, aunque eso sí lo contemplaban los contratos de renovación del 2008.
¿Por qué no se cumplieron los términos contractuales?
Esta respuesta les corresponde a los organismos de control: la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), que siempre deben revisar los términos contractuales y verificar su cumplimiento.
Las autoridades han dicho que este tema está en una cláusula, pero el contrato es mucho más amplio.
Existe mucha burocracia en la Senatel y en la Supertel. En esta última dependencia hay ocho asesores, además de los funcionarios de planta. Y en el Mintel hay 10 asesores, según la página web. No hay disculpa, es el trabajo que deben hacer permanentemente.
El Conatel emitió una resolución para que los minutos de las recargas no caduquen. Las operadoras dicen que siempre se acumulaban los saldos y los clientes sienten que perdían ese saldo. ¿Cómo funcionaba el mercado?
Ahí hay un juego de mercado que no se controló a tiempo. Por ejemplo, las recargas promocionales 3×1 son un juego de marketing porque se trata de recargas extraordinarias que tienen sus propias condiciones. En ese sentido, los artículos del contrato no están claros y son sujetos a varias interpretaciones. Así, las recargas extraordinarias tienen autonomía. Allí, la gente prefiere recargar su teléfono cuando hay promoción y hay más consumo. Es importante que el Gobierno revise el modelo matemático de la concesión, que hasta ahora está considerado como reservado.
¿Qué implica que no se haya conocido ese modelo? ¿Qué implicaciones tiene eso para los usuarios?
Bajo este modelo se da un resultado final del valor de la concesión para las operadoras, cuya base son las tarifas que se cobran al usuario. Ahí entran las recargas promocionales, que son parte de los ingresos de las operadoras. Según el Presidente, las operadores móviles han estado ganando mucho, eso quiere decir que el modelo matemático no es real. Si se hubiese tomado en cuenta (las recargas promocionales) al negociar los contratos, los valores de las concesiones serían distintos.
¿Las promociones aparecieron luego de la firma de los contratos?
Claro, vinieron después. Habían firmado el contrato y estaban haciendo sus estudios, analizando y viendo que jurídicamente, talvez, esto no implicaría una violación del contrato. A los tres años de la firma de los contratos hay otra visión del Gobierno.
¿Cómo quedan los derechos del consumidor en temas de telefonía?
Los organismos de defensa del consumidor deben velar por la calidad del servicio. En Ecuador es muy lamentable que el servicio de la telefonía móvil no sea el adecuado. Siempre las llamadas se cortan, no hay cobertura, hay interferencia, hay una mala calidad del servicio, etc. El Estado debe velar por el cumplimiento de los contratos y llama la atención que luego de tres años el Gobierno “no se haya dado cuenta”.
Si hay esas fallas, ¿por qué los usuarios aceptan servicios de esa calidad?
Hay una mala costumbre de tener malos servicios. La gente cree que más vale tener un mal servicio que no tenerlo. Esa es la mentalidad del ecuatoriano cuando se debe exigir un buen servicio a un costo razonable.
¿Qué medidas han tomado las autoridades en defensa de los consumidores?
Entre el 2000 y el 2002 se eliminó el redondeo, lo cual se logró luego de una denuncia del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. También se logró que las llamadas empiecen a cobrarse desde el momento en que la persona al otro lado de la línea contestaba, y no desde que se marcaba el número telefónico. La Contraloría y la Escuela Politécnica Nacional hicieron en conjunto una auditoría de los valores de interconexión entre la telefonía fija y la móvil.
¿Qué resultados arrojó esa auditoría?
Entre el 2003 y 2004 se encontró que el valor de interconexión era de USD 0,29, de los cuales USD 0,23 eran para las operadoras celulares, 0,04 para las empresas estatales (Andinatel y Pacifictel) y el resto se destinaba a gastos administrativos. Como resultado de ese trabajo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se bajó el costo de interconexión a USD 0,14. Ahora va desde USD 0,06 sin embargo, la inequidad en el reparto se mantiene.
¿Qué medidas se han tomado en beneficio de los abonados de la telefonía fija?
En el 2007 se bajó a la mitad el costo de una llamada nacional, de USD 0,04 el minuto a 0,02. Además, se pagaba un 27% en impuestos. Se eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que era del 15% y quedó el 12% del IVA. Pero todavía falta hacer algo: se debe bajar la pensión básica en la telefonía fija.