Los alcaldes se reúnen periódicamente en la AME, para discutir estrategias regionales y locales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
La relación entre el Gobierno y los municipios tiende a recobrar la armonía, después de más de un roce frente a la crisis sanitaria. Uno de los primeros acuerdos será la reestructuración de las deudas de los cabildos con el Banco de Desarrollo del Ecuador.
El acuerdo se dio el jueves anterior, informó el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Luis Mario Varsallo. Esto, tras una reunión con el gerente del Banco, Carlos Julio Jaramillo.
“Nos dio luz verde para los 90 días del no cobro de la deuda y reestructuración de la misma entre los Gad y el Banco de Desarrollo en proyectos de inversión que tienen cada uno de los municipios”, indicó Varasallo.
La prórroga tiene una condición: que los recursos que no pagarán durante este trimestre se los destine a enfrentar la emergencia sanitaria. La solicitud para la suspensión del cobro deberá ser presentada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de cada cantón.
El monto aún no se define, pues los créditos del Banco a los municipios, en unos casos, no son reembolsables en un 50%, en otros en un 70% o 30% para obras de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El gremio, a través de comunicados y contactos por teléfono, pidió a los alcaldes que se garantice los servicios básicos como la distribución de agua potable y la recolección de desechos sólidos durante el confinamiento.
En el manejo de la emergencia sanitaria se ha dado más de un roce entre decisiones de varios cabildos y las del COE nacional. El analista político Simón Pachano cree que esto responde “más por un afán de protagonismo” de algunas autoridades locales.
Varsallo reconoce que “en algunos casos, las banderas políticas han afectado el debido control y el funcionamiento del país”, aunque dice que “eso se ha subsanado”.
El más reciente se produjo a mediados de esta semana cuando autoridades cantonales de Sucumbíos y Orellana restringieron el ingreso de trabajadores y vehículos de la industria petrolera, ante el temor de que el virus llegue a estas provincias.
En distintas partes del país, como Quevedo, Naranjal, Saquisilí, también ordenaron el cierre de vías. En Quito, el alcalde, Jorge Yunda, decidió por su cuenta suspender el servicio de transporte público, lo que ocasionó reclamos del Gobierno.
“Es parte de lo que ocurre en un nivel de emergencia. Ya habrá un momento en que las autoridades rindan cuentas de sus actuaciones”, apunta el asambleísta Héctor Yépez (Creo), presidente de la Comisión de GAD.
Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la AME ha cumplido un rol de mediador en este escenario. El gremio, que participa de las decisiones del COE Nacional, ha enviado por lo menos tres escritos para recordar que los cabildos están obligados a operar coordinadamente con este organismo.
Uno de los hechos que incluso trascendió a escala internacional fue la decisión de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de disponer que media docena de carros del Municipio impidieran el aterrizaje de un avión de Iberia. El caso está en investigación de la Fiscalía.
Varsallo aduce que “nadie estuvo preparado para una crisis como esta”, sobre todo porque de los 221 alcaldes, 205 apenas llevan un año de gestión y no terminan de subsanar deudas dejadas por las anteriores administraciones.
Señaló que los cabildos colaboran con fumigación y desinfección de buses, mercados y otros espacios públicos, también con tareas de control por parte de los agentes municipales. Pero dice que no se resuelven problemas como la entrega de alimentos para que la gente de escasos recursos. Eso está a cargo del MIES.
Un mes antes del estado de excepción por el covid-19, el Gobierno, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, suscribió varias líneas de asignación de recursos para los GAD por USD 191 millones. De ese monto, USD 62 millones para 58 municipios y 129 millones para 24 prefecturas. Se trata de deudas pendientes con ellos.