Mientras se procesan, ojalá que civilizadamente las diferencias entre los miembros del CNE, hay temas pendientes.
Un aspecto plausible del Código de la Democracia es el retorno a las listas cerradas de los candidatos.
Esa decisión permitirá recobrar un camino hacia la institucionalización de los partidos políticos que tanta falta hace.
Hace más de 40 años, en la tercera comisión que se conformó para el retorno a los gobiernos civiles se escribió una ley de partidos políticos y una ley de elecciones.
En esa comisión, presidida por Osvaldo Hurtado Larrea ( tiempo después vicepresidente y presidente del Ecuador) se ideó un sistema tendiente a depurar el espectro de partidos políticos.
Se trataba de ir hacia una democracia con cuatro o cinco tendencias ideológicas vigorosas, que representaban el abanico del pensamiento político ecuatoriano y marcaban la cancha hacia el futuro.
Tampoco se trataba de gestar un bipartidismo -al estilo de los grandes partidos de Estados Unidos- puesto que esa noción hubiese sido ajena a nuestra historia.
Sin embargo la semántica lo empañó todo, si en una de las normas mentadas se hablaba de cocientes electorales, en otra se escribió porcentajes.
Ese aspecto llevó a una interpretación de una Sala de la Corte Suprema de Justicia que volvió a la vida a partidos que habían alcanzado menos votos de los requeridos. Así, el Frente Amplio de Izquierda, FADI; la Federación Nacional Velasquista, el Partido Nacionalista Revolucionario y la Coalición Institucionalista Demócrata, CID, revivieron por un tiempo más.
Tiempo después, y tras dos consultas populares con disímiles resultados, se abolió el requisito de afiliación a los partidos para ser candidatos y se abrió una puerta ancha y que hacía el compromiso ideológico de las personas con los partidos muy frágil.
Hoy el galimatías es de órdago. Más de 280 partidos y movimientos esperan a un medio centenar de nuevos competidores que aguardan su aprobación en el CNE.
Por eso es que parece razonable el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral para formular los mismos requisitos para los partidos a los movimientos.
Lo lógico sería que los partidos tengan personería jurídica en todo el territorio nacional. Que los movimientos operen bajo su espectro y en alianzas, y que conformen grupos regionales, provinciales o hasta locales, para distinguirlos con nitidez. Esa debiera ser una decisión, pronto. Así se mantendría la pradera ordenada, sin el caos reinante, que se presta a confusión, juego sucio y sirve para pescar a río revuelto.
En torno a las listas cerradas es una correcta decisión. Debe estar acompañada de un riguroso proceso de selección o elección interna para que los militantes decidan quienes son candidatos y no solo el capricho del líder, caudillo o de pseudo asambleas con miles de ‘alzamanos’ obedientes y, por lo visto, poco deliberantes.