Por motivos de la crisis fiscal por la que atraviesa el país desde hace algunos años, la existencia del déficit presupuestario se ha hecho presente en forma reiterada y se lo ve como algo normal, ante lo cual es necesario realizar una serie de ajustes, medida que no sería necesaria si se consideraría que “El presupuesto del Estado debe elaborarse con una permanente política de austeridad, y acostumbrarnos a que los ingresos sean siempre igual a los egresos, sin lugar al déficit presupuestario”, (Maldonado Palacios, Hernán, 2015), publicado en de EL COMERCIO, el 15 de noviembre del 2015, es decir hace más de cuatro años. De esta fecha han transcurrido los dos últimos años del anterior Gobierno y dos del actual; pero, se ha hecho caso omiso de esta recomendación y se continúan con los ajustes.
Con este antecedente se debe destacar que una de las medidas de ajuste en el presente año, ha sido la reducción de un elevado número de funcionarios públicos que hoy se encuentran en la desocupación. Ellos deben ser cancelados en sus indemnizaciones, para que con ese dinero pueden iniciar emprendimientos de diversa índole, que les permita seguir subsistiendo, sin caer en el empleo informal o en la búsqueda de un empleo en otros lugares o en otras instancias.
Lamentablemente, en muchas dependencias públicas de las que fueron despedidos, les manifiestan que no hay presupuesto para este pago, y que posiblemente les cancelarían en marzo del 2020. Algo inconcebible, porque cuando realizaron el ajuste, las autoridades correspondientes, debieron tener previsto las obligaciones que tenían que cumplir.
La mayoría de los casos son empleados que venían percibiendo sueldos inferiores. La presente misiva no es para defender a funcionarios del nivel jerárquico superior. Los servidores con desempeño poco eficaz, tienen merecido su separación del sector público. Y no necesitan tan urgentemente el pago de indemnizaciones.