Varios familiares y amigos llegaron con fotografías de los 18 jóvenes fallecidos hasta el Complejo Judicial. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
En estos diez meses Cinthya Ramírez ha sostenido en cada audiencia la pancarta con la última fotografía de su sobrino Donovan. No es fácil llevarla. En esa imagen, el cuerpo del joven de 22 años está cubierto por un espeso hollín que oculta las quemaduras; luce irreconocible.
Este viernes 22 de noviembre de 2019, el cartel con los fotos de los 18 jóvenes que murieron en un incendio dentro de una clínica clandestina del Suburbio se abrió nuevamente. Fue desplegado en los bajos del Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, donde a las 09:00 se instaló por segunda vez la audiencia preparatoria de juicio en contra de siete investigados dentro de este caso.
En la tarde de este 22 de noviembre, la jueza Gladys Martínez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio a los siete procesados por homicidio.
“Han pasado diez meses, hemos soportado más de cinco audiencias. Queremos que se haga justicia y que los responsables paguen por esto”, dijo Ramírez. Su sobrino tenía dos meses en la clínica Por una nueva vida, que ofrecía tratamiento para superar el consumo de drogas en una angosta y vetusta casa.
La tarde del pasado 11 de enero un incendio consumió rápidamente una estrecha habitación cerrada con candado. El sitio era conocido como ‘la lagartera’, donde los usuarios pasaban las primeras semanas tras su llegada al centro clandestino. Allí fueron hallados los cuerpos de los 18 jóvenes, amontonados cerca del baño. Esa imagen está grabada en la guindola que ahora portan sus familiares como un pedido de justicia.
El dueño de la clínica y el encargado de las llaves fueron detenidos un día después del incendio y son investigados por homicidio. El médico del establecimiento también fue implicado y tenía medidas sustitutivas.
Los cuatro restantes son exfuncionarios de la desaparecida Dirección Provincial de Salud del Guayas, quienes inicialmente fueron incluidos por la emisión de un supuesto permiso de funcionamiento en el 2017, con duración de un año. A lo largo del proceso fueron sobreseídos, pues aseguraron que sus firmas habían sido falsificadas y que los documentos eran fraudulentos.
Los 18 jóvenes que murieron en un incendio dentro de una clínica clandestina del Suburbio, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
La Fiscalía y la defensa de los familiares apelaron la decisión e insistieron en su vinculación. Luego el caso pasó por varias instancias, fue enviado a Quito y regresó nuevamente a Guayaquil para su sorteo y repetición de la audiencia preparatoria de juicio este viernes 22 de noviembre. En medio de los atrasos, los allegados a los jóvenes temen que caduque el plazo de la prisión preventiva y que los detenidos recobren su libertad en enero.
El fiscal César Peña ratificó el dictamen acusatorio contra los siete implicados. “Como Fiscalía vamos a pedir a la jueza que suspenda los plazos de caducidad de la prisión preventiva, dado los recursos que han interpuesto, a fin de llegar a un tribunal penal”, aseguró.
El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se sanciona con prisión de 10 a 13 años, pero el fiscal explicó que la pena podría llegar a los 40 años por la suma de varias infracciones. Además adelantó la posibilidad de otras investigaciones contra el dueño de la clínica, por presuntamente contar con más establecimientos similares.
Nubia de Moreira llegó desde la mañana al Complejo Judicial con la fotografía de su hijo Fernando. Tenía 30 años y había ingresado a la clínica dos días antes del incendio. “Quería ser marino, como su padre. Por eso decidió internarse, para superar las drogas y cumplir su sueño”. Madres, esposas, tías, también pequeños niños mantienen un plantón mientras se desarrolla la audiencia.