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Aunque buena parte de la opinión pública está concentrada ahora en el futuro de la posible focalización de los subsidios a los combustibles, así como del tratamiento en la Asamblea Nacional de la “Ley de Crecimiento Económico” (remitida en días pasados por el Ejecutivo) y la Proforma Presupuestaria 2020, no menos importante son las reformas que deben hacerse a la “Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia)”.
Si analizamos con detenimiento los factores que están detrás de las protestas de Ecuador y Chile, más allá del rechazo que pueden causar en la población el retiro de los subsidios, el alza en el precio de los pasajes de transporte o el incremento de los impuestos, hay un profundo descontento con las organizaciones políticas y ciertas instituciones del Estado. Han fracasado en la tarea de solucionar los problemas ciudadanos. Políticas públicas inconsistentes, poco articuladas con las necesidades de los diferentes sectores, leyes de mala calidad…
Aunque el tema de la reforma electoral pueda parecer como marginal, tiene especial relevancia cuando se trata de mejorar la calidad de la representación política y, a la final, de la democracia como tal. Esto en el caso de que se incluyan dentro de este proceso aspectos sustanciales.
En los próximos días la Asamblea Nacional va a retomar el tratamiento de las reformas al Código de la Democracia. Hay un documento que está para Segundo Debate del Pleno. Sin embargo, muchas de estas reformas no son de fondo y responden más intereses muy coyunturales de ciertas organizaciones políticas. Por ejemplo, no hay acuerdo sobre el cambio de los distritos electorales y el método de asignación de escaños. Creen que eso que algún momento benefició al correísmo les va a permitir también potenciar su representación en las elecciones del 2021. Pero eso está por verse.
Hay otros aspectos no menos importantes que deberían tomarse en cuenta y sobre los que hay posturas encontradas entre los asambleístas. Los requisitos para postular a cargos de elección popular, tomando en cuenta lo derivado de la consulta popular que inhibe a las personas procesadas por casos de corrupción.
La prohibición de las llamadas pre-campañas electorales. La necesidad de que se incluyan de manera obligatoria los debates entre candidatos. Que haya un calendario electoral que responda a la realidad.
De igual modo, que se incluya y garantice la paridad, equidad y alternancia hombre-mujer en el encabezamiento de las listas. Que la elección de candidatos no sea “entre listas” sino que sean en listas cerradas o bloqueadas.
Que el financiamiento de las organizaciones políticas y de las campañas electorales sea transparente y bien utilizado. El caso “Arroz verde” o “Sobornos”, así como la presencia del dinero del narcotráfico debería controlarse y sancionarse.
Estos son varios de los temas que todavía no contiene esta reforma.