Cuando comenzaban los doce días de una antes inédita violencia en el Ecuador, Diosdado Cabello, que preside la tramposa Asamblea Constituyente en Venezuela y sobre quien pesan las acusaciones de lavado de millones de dólares, calificó lo que acontecía en nuestro país como una “brisita bolivariana”.
¡Qué irónico cinismo! La destrucción criminal y daños de toda índole, vandalismo, caos y odio desatados por bandas delictivas organizadas mostraron las tácticas utilizadas por los colectivos chavistas para aterrorizar a la población y mantener la dictadura de Maduro y sus corruptas cúpulas militares.
Aprovechándose del movimiento indígena, se infiltraron delincuentes que incendiaron la Contraloría del Estado para destruir documentación; atacaron al cuartel de La Balbina, tomaron pozos petroleros, arremetieron contra las instalaciones de Teleamazonas, irrumpieron contra diario EL COMERCIO, desabastecieron de alimentos a varias ciudades, trataron de bloquear en algunas de ellas la provisión de agua, causaron inmensos destrozos en Quito, entre otros desmanes repudiables…
Los pedidos de destitución al Presidente y de quitar el apoyo militar al Gobierno mostraban los afanes golpistas del correísmo que, en la década pasada, sembró división e intolerancia. Salvador Quishpe, dirigente de la Ecuarunari, sugirió que la movilización ya no se hallaba bajo el control del movimiento indígena, sino de ese grupo político.
Son irreparable las pérdidas de vidas humanas, el dolor por los centenares de heridos, y los daños irrogados a la sociedad ecuatoriana.
El país paralizado y sumido en el caos ha sufrido pérdidas materiales incuantificables. Y no solo en estos aciagos días, sino también en el futuro inmediato con el deterioro internacional de su imagen, la desesperanza y el pesimismo que ha dejado el desate de tanta irracionalidad y violencia. El país ha retrocedido décadas, con expresiones de racismo y discriminación, la percepción de una derrota generalizada y una sociedad más dividida y sin un norte común.
Tras el acuerdo para derogar el decreto 883 y promulgar otro sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, queda un largo y difícil camino por recorrer. Es necesario el compromiso de un “Nunca más” a la violencia que ha sufrido el Ecuador en esta pesadilla. El acuerdo no debe significar la impunidad de los delincuentes. La justicia tiene que actuar para asegurar el “Nunca más” contra quienes pretenden destruir democracia.
Pero no cabe simplificar: las protestas indígenas muestran también la crisis profunda, el descuido y pobreza de la zona rural. Si no se la atiende de forma preferencial con programas concretos, los días trágicos se repetirán más temprano que tarde y el “Nunca más” quedará como una aspiración retórica.