La tormenta desatada por la decisión gubernamental de eliminar los subsidios a los combustibles deja en claro muchas cosas. El subsidio beneficia a quienes poseen vehículos, es decir, a los integrantes de las clases media y alta. Si el 78% de la gente se moviliza en transporte público, beneficia a una minoría. Los precios subsidiados estimulan la utilización del vehículo, congestionando el tráfico y contaminando. En Quito, el índice de ocupación es de 1,2 personas por vehículo. Los combustibles fósiles son los causantes de la mayor contaminación en el planeta. Los ambientalistas deberían aplaudir la medida. El efecto real en los precios es menor que el de la especulación del desabastecimiento, provocado por el paro.
Adicionalmente, la diferencia de precios con Colombia y Perú, y más a nivel internacional, es campo propicio para el contrabando. No solo el de pequeñas cantidades, sino el que ha enriquecido a mafias que abastecen en alta mar a naves de diversa y dudosa procedencia y cuya participación en la financiación de las movilizaciones debe ser investigada.
Y aquí viene lo de la calidad, no de los combustibles, que es mala, sino de los actores políticos de la circunstancia, que también.
Casi todos critican la medida, a pesar de que la propugnan: el caso del expresidente Correa es patético: pontificó contra los subsidios y aconseja al presidente venezolano que los revise, pero los condena para incendiar al país. Y también los diferentes líderes de la política ecuatoriana, casi sin excepción, que no son capaces de superar el síndrome electoral que los hace tan irresponsables como los dirigentes de un paro que pasó de buscar reivindicaciones legítimas al descontrol vandálico y a intereses desestabilizadores.
Que alcaldes que, con razón, reclaman por la descentralización, renuncien al ejercicio de las competencias asumidas, no habla bien de la responsabilidad que debe tener un gobernante. Que dirigentes indígenas permitan la utilización de su movimiento por quienes los vilipendiaron, agredieron, enjuiciaron y disminuyeron, que buscan pescar a río revuelto y evitar las sanciones que por los actos de corrupción se ventilan en la justicia, habla mal de su responsabilidad como dirigentes.
No extraña que dirigentes políticos que están investigados por su participación en la inmensa trama de corrupción que persigue la Fiscalía pidan a grito pelado el derrocamiento del Gobierno, pero que los dirigentes sindicales se unan a ellos y permitan su instrumentación, demuestra que no son los mejores dirigentes de trabajadores que fueron atacados y perseguidos por los mismo a los que ahora se unen.
Es penoso el deterioro del ejercicio de la política. De la mala calidad de la política ecuatoriana y de sus protagonistas. De la falta de responsabilidad y visión de futuro de sus actores. De su oportunismo y cortoplacismo.