El Gobierno quiere que el sistema financiero cuente con más recursos para afrontar cualquier eventualidad local. Sin embargo, esos nuevos recursos no se quedarán en el país, como busca el Régimen.
La regulación emitida por el Banco Central, que aumenta del 3 al 5% el porcentaje de aporte para este fondo de liquidez, obligará a la banca a destinar unos USD 400 millones para cumplir la normativa.
Los recursos del fondo de liquidez, que actúa como prestamista de última instancia en dolarización, se manejan a través de un fideicomiso administrado por el Banco Central, pero con limitaciones en la Ley que lo creó, en el 2008.
Los recursos del fondo deben invertirse bajo principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad. Además, deben estar en entidades con calificación internacional AA o superior, lo cual deja de lado a entidades locales, incluido el Gobierno.
En este sentido, los recursos del Fondo de Liquidez saldrán por la misma vía al exterior. El efecto real de la medida pudiera ser quitarle recursos a la banca y ralentizar el crédito, aunque eso le quitaría dinamismo al crecimiento económico.