Las lonas de siete rótulos con señalización vial están cortadas y descolgadas. Esto causa asombro entre quienes transitan por la avenida Naciones Unidas y América, en el norte. Las señalizaciones están a 4,20 metros de altura.
Los rótulos ofrecían información sobre las conexiones con otras vías como las avenidas Amazonas y 10 de Agosto. Ahora, están totalmente destruidos.
Estos fueron colocados en coordinación con la Policía Nacional. La entidad desconoce de los daños y sus responsables. Una realidad similar se observa en la av. 12 de Octubre, antes de ingresar al intercambiador, en sentido sur norte. Tres rótulos están destruidos de la misma manera.
El irrespeto al bien público es común en la ciudad. Por ejemplo, en la calle Ramón Chiriboga y av. John F. Kennedy, una señal de tránsito está torcida y el tablero fue colocado al revés.
En la esquina de las calles José María Guerrero y Sabanilla, los conductores destruyeron los bolardos de cemento que delimitaban el espacio entre la vereda y la calzada. Los bolardos están tan deteriorados que se pueden observar los hierros interiores.
El pasado 26 de junio, el alcalde Augusto Barrera advirtió que habrá fuertes sanciones para quienes destruyan los bienes públicos. La razón fue la destrucción de siete fotos de la muestra Miradas de Quito, que se exhibían, a cielo abierto, en el bulevar de la av. Naciones Unidas.
Barrera dijo que hay la necesidad de que se imponga una sanción privativa de libertad y una multa de 20 ó 30 salarios básicos.
El tema ya se debate en la Asamblea Nacional, en el proyecto de nuevo Código Integral Penal.
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Para el psicólogo Guillermo Cepeda, del Centro Psicológico de la Universidad Politécnica Salesiana, la actitud ciudadana se explica desde la falta de espacio en la ciudad. Argumenta que por la mala planificación de la urbe, no se tiene espacio para circular. “Esto genera malestar, rechazo y el consiguiente irrespeto al bien público, como subirse a las veredas para estacionarse”.
Cepeda agrega que hacen falta soluciones a temas sensibles como el tránsito. Él vivía por el sector de El Inca, desde su oficina , en la av. 12 Octubre y Wilson, se demoraba una hora y media. Optó por mudarse a La Floresta y ahora se hace 10 minutos.
Desde febrero, el sociólogo Miguel Chavarría, profesor de la Universidad Católica, dirige la investigación El Espacio Público en la Ciudad de Quito.
Del estudio se desprende que hay un malestar ciudadano frente al espacio público porque se lo ha jerarquizado. Es decir, le pertenece a cierto grupo de personas. “No es para todos y por eso no lo sienten propio”.
Añade que el Municipio tiene una lógica de planificación llamada ‘bulevarización’, con la única idea de ornamentación de la ciudad. No se preocupa por lo que sucede fuera.
Además, considera que hay un menosprecio para las clases bajas. Pone un ejemplo: el soterramiento de cables se realiza en una zona residencial, pero no en sectores populares como el Comité del Pueblo.
El Municipio empezó con el plan de enterrar los cables en el norte. Se realizará por etapas y en el cronograma están incluidas zonas del sur de la ciudad.
En la malla curricular no hay una materia específica en la cual se aborde la convivencia ciudadana o el respeto al espacio público.
Sin embargo, desde este año, el Ministerio de Educación aplicó el programa Educación para la Democracia y el Buen Vivir.
Édgar Topón, coordinador Provincial, dijo que si bien el tema principal son las políticas públicas, dentro del capítulo de valores se aborda ejes de comunidad, convivencia y respeto al otro.
En Quito se aplicó en 25 colegios y 30 escuelas. Fernando Carrera, estudiante del segundo de bachillerato del Instituto Mejía, contó que en su plantel se trata el tema del respeto al espacio público en materias como Ciencias Sociales. Se lo hace rápido y en algunos casos sin profundizar.
Chavarría advierte que este rechazo de los ciudadanos puede derivar en violencia.
Un caso es el de los tres ventanales rotos de la parada La Delicia, del Corredor Central Norte. Según Luis Tapia, cobrador del sitio, hace unos dos meses se enfrentaron estudiantes de los colegios Montúfar y Mejía. “Hubo un cruce de piedras y palos. Al final, los dos bandos atacaron a la parada”,
Los sancionados
En este año 183 personas han sido multadas por atentar contra los espacios públicos y privados, según datos de la Agencia Metropolitana de Control.
La entidad se ampara en las ordenanzas 332 y 201 que establecen sanciones de entre USD 100 y 146 de acuerdo con la gravedad del daño.
El proyecto de Código Penal plantea una sanción de un salario básico unificado (USD 292).