A propósito de un préstamo de 30.4 millones de dólares que otorga el BEDE al Consejo Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas para la ampliación y mejoramiento del tramo comprendido entre los kilómetros 51 y 72 de la carretera Quito-Alóag-Santo Domingo, es oportuno anotar que se trata de un sector de la arteria vial más transitada del país, pese a lo cual, como manifestó este Diario en un reciente Editorial, “sigue siendo un objetivo lejano”.
Esta vía conecta a las dos urbes más importantes y populosas del Ecuador, como son Quito y Guayaquil; a otras dos ciudades que constituyen polos de desarrollo, Santo Domingo y Quevedo; así como a Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, y a numerosas poblaciones en pleno crecimiento, e incorpora extensas y ricas zonas agrícolas.
Durante el Régimen anterior, cuando los gobernantes se obnubilaron por el inusitado precio del petróleo y el irresponsable endeudamiento, se emprendió, con el dispendioso estilo imperante en ese entonces, en obras faraónicas, como la refinería del Pacífico, la Universidad Yachay, las escuelas del milenio, etc., que en la mayoría de los casos resultaron “elefantes blancos”.
También se anunció la construcción de diez “mega autopistas”, de las cuales la primera y “más monumental” sería la Quito-Guayaquil, de diez carriles, anillos viales en cada ciudad y población para evitar la congestión vehicular, unos cuantos túneles, etc., según se afirmaba, pero todo quedó en nada.
Más bien, la actual Administración dio a conocer recientemente que, como consecuencia de la grave situación económica que heredó, tenía que reducir la asignación presupuestaria de 168 a 50 millones de dólares, lo que causó duro impacto a los trabajos del sector a cargo de la Prefectura de Pichincha, que incluye cuatro viaductos. Hay que señalar que, sin embargo, actualmente se efectúan algunas obras en varias provincias, como parte de este proyecto de carácter nacional.
Otro grave problema que adolece esta carretera es la frecuente interrupción por graves derrumbes en la zona montañosa, lo que obliga a los miles de usuarios a utilizar las vías alternas, con las consiguientes molestias y costos, por lo que es necesario que se procure la mejor solución con criterio técnico.
Justo y necesario es que el Gobierno Nacional, en forma conjunta con los Consejos Provinciales de Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas, den la atención prioritaria que merece esta importante vía, paradójicamente, postergada y que, según se ha sugerido, se considere la posibilidad de entregar en concesión a la empresa privada, con financiamiento a base de los peajes establecidos y con una cláusula que contemple la reversión de la administración al Estado tan pronto como se cubran la inversión y las utilidades del caso.
Que la obra en la vía Aloag – Santo Domingo ya deje de ser un objetivo lejano…
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