La ministra del Interior, María Paula Romo, y el secretario Anticorrupción, Iván Granda. Foto: Ministerio de Interior
Luego de que los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez acusaran a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al secretario Anticorrupción, Iván Granda, de usar un avión de la Policía con fines personales y no laborales, Granda justificó que viajaron en la nave con sus hijos menores de edad por seguridad.
Según los legisladores, los funcionarios habrían realizado un mal uso de bienes públicos al trasladarse desde Salinas hasta Esmeraldas (Casa Blanca), el pasado 3 de marzo, por el feriado de Carnaval.
Granda dijo que estuvieron en Salinas para una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó. En una entrevista en canal UNO le preguntaron: “Ya había acabado el acto oficial ¿por qué no alquilaron una avioneta (para viajar a Esmeraldas)? Granda respondió así: “porque no tenemos plata, nosotros no somos Correa”.
¿Qué pasaba si se iban en un carro? “Teníamos tres personas de seguridad y la Policía no garantizaba (nuestra integridad)”, dijo el Secretario. “Para mí tenían una persona y para María Paula tenían dos. Somos los funcionarios con más alto riesgo en el Ejecutivo”.
Además, sostuvo que la ministra Romo tiene un riesgo mayor al que reporta la fiscal general, Diana Salazar.
Tras conocer esa versión, este Diario consultó a Romo sobre lo sucedido y ella aseguró que el porcentaje de riesgo que tiene por su cargo es del 96% y el de Granda alcanza el 92%.
Indicó que estaba planificado que después de la reunión oficial de Guaidó su lugar de regreso era Esmeraldas.
“Incluso mi cápsula de seguridad ya se encontraba allí, pues era mi destino previsto antes del cambio de planificación por la visita (del presidente interino de Venezuela)”.
Según Romo, después de llegar a Esmeraldas se trasladó con su personal de vigilancia, por tierra, hasta Casa Blanca. “No existe ninguna irregularidad en mis actuaciones”, dijo.
El pasado 15 de julio, la ministra Romo envió un documento a la Contraloría General del Estado. En el escrito, de una página, solicitó que se revise el uso que ha hecho a los bienes públicos durante toda su gestión. Actualmente, el ente de control realiza un examen especial al Servicio Aéreo de la Policía en el período comprendido entre 2011 y el 2019.
“Como servidora pública estaré gustosa de colaborar con lo que usted o los funcionarios de la Contraloría General del Estado, a cargo del examen, requieran. En principio, adjunto (en formato físico) una copia de mi análisis de riesgo, el cual determina el tipo de seguridad que requiere el desarrollo de mis actividades diarias”, señala Romo en el oficio.
La legisladora Cuesta también envió el pasado 3 de julio un oficio al contralor General, Pablo Celi. Allí solicitó que se investigue el uso del avión policial en ese viaje y que pida los registros de operaciones de vuelo a la Dirección de Aviación Civil y a Aeropolicial.
Además, la parlamentaria aseguró que ambos viajaron con sus hijos menores de edad y que está prohibido que civiles suban a este tipo de naves.
La respuesta de la Ministra fue que “existe mala fe” y que el traslado de los niños fue para precautelar la seguridad.
Según Granda, sus hijos cuentan con “protección del Estado por las amenazas recibidas” durante su gestión.
Para la parlamentaria Cuesta, la seguridad de la Ministra no se cuestiona, sino el uso del avión con fines personales.
Dijo que los funcionarios y los menores debían haberse trasladado por tierra con todas las medidas de protección.
El legislador Gómez también se pronunció ayer y dijo que “todo funcionario, por más honesto que sea; cuando se siente cómodo y respaldado en el poder, empieza a confundir lo público con lo propio”.
Desde el pasado lunes Cuesta y Gómez iniciaron la recolección de firmas en la Asamblea para presentar un pedido de juicio político en contra de la ministra Romo.
La legisladora confirmó que no solicitarán un juicio político en contra de Granda, porque en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se establece que se pueda iniciar ese proceso en contra de un Secretario de Gobierno.
Indicó que esa es una de las reformas que se planteó a esa normativa.
Los asambleístas esperan que en esta semana terminen de recoger las 35 firmas que se necesitan como mínimo para arrancar todo el proceso.
La próxima semana entregarán en la Presidencia de la Asamblea el pedido de juicio político. Según la normativa interna de la Legislatura, esa instancia remitirá al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para su estudio.
Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Anticorrupción, cree que este tema tiene similares características al que involucró a Enrique Espinosa de los Monteros, el general que usó el helicóptero de la Policía y se accidentó a su llegada a Quito. El oficial fue destituido el 22 de mayo pasado.
La sanción fue ratificada por Romo el 27 de junio. La funcionaria dijo que el caso es diferente por su rango de Ministra.