Uno de los pilares esenciales de la democracia es el sistema judicial, que ante todo debe ser independiente, confiable, efectivo, profesional e imparcial. Por desgracia, además de otros tumores malignos, hace varios años al Ecuador lo invadió el cáncer de la politización de la justicia, cáncer que en la década anterior a la de este gobierno hizo metástasis.
Recordemos que en 2007 la farsa revolucionaria se desvaneció tan pronto como el aspirante a tirano asumió el poder, y al poco tiempo no solo que no hubo cambios, sino que, además, la receta chavista le llevó a controlar y manipular a sus anchas todos los poderes del Estado, entre ellos uno de los más apetecidos por un dictador que se precie de tal: la justicia.
Así, mientras esperábamos ingenuamente la limpieza judicial, el dictador ponía y sacaba jueces, cambiaba magistrados, dirigía los dictámenes de las cortes, enjuiciaba a todos los que osaban señalarlo, criticarlo, ofenderlo o contradecirlo (y por supuesto ganaba todos los juicios), y montaba aquella inmensa e intrincada telaraña que habría de perpetuarlo en el poder.
Pero en la misma forma sorpresiva en que el poder lo alcanzó un mal día, también lo abandonó diez años después cuando menos se lo esperaba (cuando casi nadie en realidad se lo esperaba), y de pronto se vio lejos, aislado, imputado por sus actos y por los de su banda, despojado del poder descomunal que había acumulado, padeciendo un síndrome de abstinencia que lo mantiene haciendo eses en los linderos de la locura.
Desde hace dos años esa telaraña legal ha sido desarmada por el actual gobierno. Gracias a esta labor, aunque a algunos les pese admitirlo, hoy tenemos una Corte Constitucional imparcial que ha sido conformada por jueces de primer nivel, tenemos una fiscal independiente y tenemos por fin una verdadera división de poderes -algo que resulta increíble imaginar si nos remontamos a la década perdida- y además, entre otros nudos ya desenredados, tenemos auténtica libertad de expresión. Y, sí, todavía quedan allí colgados unos cuantos hilos que sostienen a las últimas instituciones tomadas por el cáncer de la dictadura, como la justicia y el inefable Cpccs que esta absolutamente deslegitimado y tiene sus días contados en el nuevo estado de derecho.
Alrededor de la justicia hay verdadero revuelo, pues el Consejo de la Judicatura inició el proceso de evaluación de los actuales magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso de evaluación en el que interviene un Comité de Expertos que deberá garantizar su transparencia, empezó su labor por la más alta magistratura del país, pero deberá continuar con todos los jueces desde primera instancia hasta las cortes provinciales, pasando por los funcionarios y servidores judiciales. Allí se deberán quedar solo los mejores, no los recomendados o sugeridos por partidos o movimientos políticos, no los que están comprometidos con el pago de favores, no los que arrastran las mañas y vicios del pasado.