Petita Albarracín, madre de Paola, se presentó en la CIDH en el 2015. Foto: Cortesía CIDH
Paola fue acosada y abusada sexualmente durante dos años. Todo comenzó en el 2001, cuando tenía 14 años. La agresión, que se perpetró en un colegio público de Guayaquil, no paró y el 12 de diciembre del 2002, dos días después de haber cumplido 16 años, se quitó la vida, pues la depresión fue intensa e ingirió fósforo blanco.
17 años después, estos detalles aparecen en el expediente judicial que la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) envió hace 11 días a la CorteIDH.
Con esta acción, el caso de Paola Guzmán se convirtió en el primer caso de violencia sexual cometido en el sistema educativo ecuatoriano que se conocerá en esa instancia internacional.
Este Diario habló con la directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam-Guayaquil), Lita Martínez, pues ella encabezó la asesoría legal de Petita Albarracín, madre de Paola.
La jurista recordó que el caso llegó a esa organización en el 2005 y un año después decidieron llevarlo a los tribunales internacionales, porque el caso no había pasado de la fase inicial de la investigación y cuatro años permaneció bajo reserva.
Tras un largo proceso, recién en el 2015, la madre pudo presentarse en la sesión 156 de la CIDH. Pero para entonces, el caso ya había prescrito en las cortes de Ecuador.
Durante una hora y 20 minutos, los comisionados conocieron este tema. La madre detalló todo lo sucedido.
Señaló que el responsable de lo sucedido con su hija es el vicerrector del plantel en donde estudiaba y que la justicia no pudo detenerlo, pese a que sobre él pesaba una boleta de captura.
Luego recordó el día en que su niña murió: “Recibí la llamada de una compañera de clases, quien me pidió que fuera de inmediato al colegio, porque mi hija ingirió diablillos. Yo estaba desesperada y no podía creer lo que hizo”.
La madre dijo ante todos los magistrados que cuando llegó al colegio la vio recostada sobre una camilla en la enfermería. “Me dijo mamita, perdóname. No le habían dado los primeros auxilios. Por eso la llevé a un hospital”.
Los médicos le hicieron un lavado gástrico, pero le dijeron que las posibilidades de que se salvara eran pocas, porque consumió 11 diablillos.
Entonces, la mujer decidió llevarla a una clínica privada.
Allí, Paola le decía a su madre: “Siento que me quemo, dame agua”. Pasó un día en terapia intensiva y falleció. Al siguiente día, la madre puso la denuncia en Fiscalía.
Tras la muerte, las amigas de Paola le contaron a la mamá que estaba embarazada del vicerrector. Además, le dijeron que el funcionario la llevó a un médico del colegio para obligarla a abortar.
Las chicas contaron que el galeno le dijo que para hacerle ese procedimiento la chica también debía tener relaciones con él. Paola no accedió y un día después se suicidó.
En la audiencia, realizada en Washington (Estados Unidos), Albarracín reveló que antes de consumir los diablillos, su hija le escribió una carta en la que decía: “Mamita, perdóname por lo que hice, ya no te voy a dar vergüenza. Cuida mucho de mi hermanita que yo te cuidaré desde el cielo”.
Después, otras tres jóvenes se contactaron con la madre y le dijeron que ellas también habrían sido víctimas del vicerrector y que por eso decidieron irse del colegio.
De hecho, en las primeras indagaciones realizadas en el Ecuador, los investigadores recogieron la versión de una profesora, quien aseguró que fue acosada sexualmente por el mismo funcionario y que para abusar de ella la encerraba en un aula de clases.
En el colegio se impuso una sanción administrativa: el vicerrector fue separado del cargo por abandono de cargo.
Además, en instancias civiles, un juez estableció que el funcionario debía indemnizar económicamente a la familia, pero esta disposición tampoco se concretó y el caso se archivó en el 2003.
Ahora, la madre de Paola sigue en terapia psicológica. Lita Martínez indicó que han sido años muy duros y esperan que la CorteIDH se pronuncie y que estos casos no se repitan más en las aulas.
El Ministro de Educación aseguró que sus autoridades acatarán las resoluciones que imponga la CorteIDH, pero este organismo tiene dos años para analizar el tema y pronunciarse.