Un padre de familia muestra un cartel en Quito y pide que se frenen los abusos en contra de los niños. Foto: Archivo EL COMERCIO
El Ministerio de Educación aseguró el pasado viernes 15 de febrero de 2019 que acatará las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre un caso de violencia sexual que en el 2002 se perpetró en un centro educativo público.
La cartera de Estado manifestó que respalda ese proceso y aceptará las resoluciones que se dicten por parte de la entidad legal interamericana.
El pasado 13 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a la CorteIDH las conclusiones del caso de la menor de edad, que se suicidó cuando tenía 14 años.
Según las investigaciones, la menor se quitó la vida por el abuso y acoso sexual al que fue sometida en el plantel.
Se trata del primer caso que la CIDH envía a la CorteIDH sobre violencia sexual en Ecuador, incluyendo el acoso sexual en el ámbito educativo, precisó la Comisión en un comunicado público.
En ese sentido, una vez recibida la documentación, la Corte “podrá pronunciarse sobre las implicaciones de sus deberes de respeto y garantía en esta temática”, así como también le permitirá ampliar su jurisprudencia sobre los derechos a la educación y a la salud.
La CIDH manifestó que “la niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector y del médico del colegio”. Además, dice que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”.
Responsabilizó al Estado ecuatoriano de la “violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad”, y censura que falló a la hora de proteger a la menor y garantizar “su condición de niña, la igualdad y no discriminación”, entre otros.
Además, presentó a Ecuador varias recomendaciones frente a estos hechos. Entre ellas está reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, brindar de forma gratuita e inmediata un tratamiento médico-psicológico a las víctimas.
También se menciona el disponer de medidas administrativas y disciplinarias o penales frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales.