El sacerdote de la iglesia del barrio Guápulo fue detenido el pasado 3 de febrero de 2019, tras una denuncia de abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La Fiscalía efectuó nuevas diligencias dentro de la instrucción fiscal abierta por el caso del párroco de Guápulo, detenido por abuso sexual a dos menores el pasado 2 de febrero, informó este martes 12 de febrero del 2019 el Ministerio Público.
La Unidad Especializada en Violencia de Género número cuatro de la provincia de Pichincha solicitó un nuevo examen médico legal al procesado, Néstor Genaro B., así como una evaluación psicológica sobre los rasgos de su personalidad y una ampliación de su versión, según un comunicado de la Fiscalía.
“Adicionalmente, la fiscal especializada en violencia de género, Ruth Castillo, solicitó a la Arquidiócesis de Quito una certificación para verificar la fecha en que Néstor Genaro B. se ordenó como sacerdote, a qué orden pertenece, en qué parroquias laboró (trabajó) y si tiene o no sanciones como clérigo”, agregó la Fiscalía.
El Ministerio Público, como gestiones de esta instrucción fiscal que dura 30 días, también solicitó a los medios de comunicación los videos sobre el acto de linchamiento de la población de Guápulo (noreste de Quito) contra el sacerdote, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Universidad SEK, que se encuentra a un lado de la parroquia.
Asimismo, se requirió información referente al estado financiero del detenido a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Registro Civil.
El sacerdote de la iglesia del barrio Guápulo fue detenido el pasado 3 de febrero, por abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años.
La Fiscalía de Pichincha formuló cargos contra Néstor Genaro B., el párroco de la iglesia de Guápulo, a quien lo señalan por haber realizado tocamientos íntimos a las dos menores.
La jueza Geovanna Palacios dictó prisión preventiva contra el detenido en la audiencia previa llevada a cabo el 3 de febrero en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, con el objetivo de “garantizar su comparecencia dentro del juicio”.
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