Fernando Aspiazu Seminario, quien fue propietario del Banco del Progreso, que cayó con la crisis financiera de 1999, fue declarado insolvente por un juzgado guayaquileño.
Así lo dio a conocer ayer Julio Maya, delegado del presidente del Directorio del Banco Central, Pedro Delgado, como representante legal de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep).
En una fugaz rueda de prensa, últimamente un rasgo característico en las intervenciones realizadas en el Banco Central, Maya señaló que el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil, dispuso el estado de insolvencia de Aspiazu Seminario, por no haber cumplido con el pago de USD 888,6 millones que adeudaba a la fecha en que fue requerido.
De esta manera, la Fiscalía deberá calificar la insolvencia para los fines de ley.
A criterio de Maya, esta declaratoria de insolvencia se trata más bien de “un castigo moral” que de la posibilidad de que el Estado logre recuperar lo adeudado, en vista de que se desconoce si Aspiazu dispone de tal cantidad de dinero o de si tiene bienes que equiparen dicho valor.
Durante la crisis financiera, cuyas secuelas aún sienten los ecuatorianos, el Estado realizó un salvataje financiero por alrededor de USD 2 000 millones, suma que luego se quedó sin poder cobrar porque los bancos empezaron a quebrar.
El funcionario bancario no especificó cuál será la agenda de aquí en adelante, porque -aclaró- eso (el caso) le corresponderá a la Fiscalía determinarlo.