La eliminación de subsidios y reducción estatal es la lógica consecuencia de los 10 años de pésima administración pública que vivió Ecuador a partir del 2007. Medidas de popularidad y de campaña se implementaron en aquel entonces, como engrosar el Estado sin necesidad, habilitando la masiva contratación en el servicio público, derrochando recursos a través de la construcción de elefantes blancos como la Refinería de El Aromo, la creación de ministerios y secretarías públicas que ningún beneficio reportaron al país.
La consecuencia del mal manejo la debemos enfrentar los ecuatorianos con la reducción de subsidios y la reducción del tamaño del Estado a una estructura funcional mínima. Indudablemente existe afectación para todos los ciudadanos, sin embargo esta es la factura que debemos pagar por haber vivido amparados por el socialismo que derrochó los recursos de la nación en el gasto público sin considerar fondos de ahorro.
La eliminación de puestos de trabajo es un tema neurálgico, afectará de centenares de familias; por responsabilidad el Estado necesariamente debe priorizar la contratación de ciudadanos nacionales, limitando la contratación de extranjeros. Esta crisis se proyecta como rápida y puede transformarse en una oportunidad para sentar las bases de un Estado eficiente, capaz de administrar técnicamente los recursos con los que cuenta, generando seguridad jurídica para fortalecer la inversión nacional y extranjera.