La costumbre de que los cuatro poderes del Estado funcionaran como mandos medios del Ejecutivo durante los 10 años nefastos del correismo, ha dado como resultado un pobrísimo ambiente de falta de criterio en las acciones propias de las instancias del ordenamiento institucional y constan en la Constitución que rige desde el 2008.
Falta de fiscalización de un aterrado Poder Legislativo, entrega total de un Poder Judicial al Ejecutivo en sus juicios contra particulares e instituciones liderada por una Corte Constitucional entregada a permitir los desafueros del presidente, procesos electorales y de consulta popular con cuyo resultado se buscaba únicamente mantenerlo en el poder por parte de un CNE comprometido con ese fin, y qué decir de una instancia llamada Consejo de Participación y Control Social que facilitaba la elección de los compinches políticos del gobernante a las altas funciones de las instituciones que no eran de elección popular.
Y nos encontramos finalizando el 2018 y han transcurrido casi dos años en que gracias a los medios de comunicación y de investigadores independientes se ha podido comprobar las atrocidades de la persecución política a los adversarios y de los manejos inmorales permitidos entre compadres. Pero la timidez de aceptar esa realidad por parte del Estado permite nuevamente la impunidad. Seguimos siendo miedosos.