El ecuatoriano Antonio Muñoz Borrero ostenta la distinción de “Justo de las Naciones” y es honrado en Israel. El reconocimiento se otorga a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el holocausto.
Nacido en Cuenca, en 1891, pronto se incorporó a la diplomacia. Entre 1931 y 1942, fue cónsul honorario en Estocolmo. En 1941, cuando un grupo de 80 polacos, en su mayoría judíos, recibe visas para emigrar a Ecuador y la Cancillería le pide hacerse cargo de la documentación, Muñoz Borrero envía 100 pasaportes sellados para ayudar a otros judíos, lo que le provoca desacuerdos con Quito; pero no detuvo su misión. Emitió unos 263 pasaportes a nombre de judíos, de los cuales 75 salvaron sus vidas merced al documento que les libró de ser llevados a los campos de exterminio.
Con la inmensa distancia en tiempo y circunstancia, esta acción de un ecuatoriano de espíritu superior debe inspirar para actuar de cara a la diáspora venezolana, que la oficina de NNUU para los Refugiados (Acnur) cifra en 2,3 millones, desde 2014. Y en 4 millones desde que Chávez llegó al poder, en 1998, según el Consejo Noruego para los Refugiados.
La diáspora que ha desbordado a la región debe ser afrontada con urgencia, para socorrer a una población altamente vulnerable que clama por medicina, comida, vivienda, educación para los niños y empleo para los padres.
Los bandazos de las autoridades para exigir pasaporte o “cedula apostillada” son impresentables y contradicen sus propias acciones de abrir corredores humanitarios.
El reto para Ecuador es inconmensurable. Con altas cifras de desempleo y subempleo, no solo que no hay dónde ubicar a quienes han huido de la miseria, sino que hay reacciones xenofóbicas, por temor a perder el trabajo, olvidando cuando de acá fueron por miles a Europa y EEUU.
La reunión regional en Quito, el 3 y 4 de septiembre, debe acordar medidas integrales y emergentes. El hambre y las enfermedades no esperan; hay que actuar rápido para asistir a los refugiados, sin descuidar el flanco político de cara a la tiranía de Maduro, cuando el éxodo ha bajado la presión contra su gobierno y la oposición ha perdido la iniciativa.
La doctrina Roldós, consagrada en la Carta de Conducta de Riobamba y adoptada por la ONU, en 1993, debe ser promovida, porque toca la génesis del problema al señalar que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar colectivamente en protección de los derechos humanos, cuando el Estado al que compete este deber no quiera o no pueda hacerlo. La propuesta del Grupo de Lima debería también ser analizada. Y hasta la iniciativa de acusar a Maduro ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, hay que considerarla.
Al igual que con Muñoz Borrero, la historia recogerá qué hizo Ecuador para socorrer a las víctimas de una dictadura y para aislar a Nicolás Maduro.