El poder que tendrá el Ejecutivo en la Ley de Control de Poder de Mercado es lo que más preocupa a los empresarios del país.
El pasado jueves, con 67 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la norma que crea una Junta de Regulación y una Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para la formulación de políticas públicas y la regulación y sanción respectivamente.
En este último caso, la Comisión de lo Económico del Legislativo, encargada del análisis del proyecto de Ley, quitó a este organismo la capacidad de juzgar, cosa que constaba en el texto original. Mientras que en cuanto a la Junta de Regulación, el documento definitivo estableció que estará conformada por cuatro ministros coordinadores (área económica).
“En este último caso no hubo cambio alguno. Al inicio se dejaba el trabajo al Ejecutivo en general y en el documento final a las autoridades de las carteras de Estado. Es decir, en la práctica es lo mismo”, afirmó Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Esta tesis es compartida por el jurista Édgar Flores, quien cree que la Ley debe analizarse desde sus tres ejes: dogmático, normativo y de carácter procedimental.
Flores cree que la segunda parte de la Ley fue la mejor redactada porque se ajusta a la legislación internacional. Pero en la primera y la última secciones el documento tiene puntos cuestionables.
“En lo doctrinario, la Ley se centra en la protección de las economía popular y solidaria, cuando debió ser más amplia. Mientras que en la última parte se debió establecer que la Junta de Regulación se conforme por técnicos, conocedores de las leyes, que sean independientes del Régimen”.
Pese a que estos cambios no se hicieron hay la esperanza en los gremios empresariales de que mediante el veto a la norma el Ejecutivo ajuste algunas partes del texto. Entre ellas estaría que se establezca un régimen de transición para la aplicación de la Ley
y que el Régimen emita una certificación para las empresas que sí cumplen con la normativa, para impulsar la competencia.
Los empresarios preparan un documento para presentar al presidente Rafael Correa, en el que se explica porqué es necesario que se incluyan estos elementos en el texto.
Los representantes gremiales lamentan que la Comisión, pese a lo que dice su titular, Paco Velasco, no haya recogido todas las observaciones que hicieron al documento.
“Hay críticas respecto de que muchas partes de la Ley se dejan al Reglamento. También llama la atención que se han incluido impedimentos para realizar prácticas de mercadeo”, señaló Patricio Donoso, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios.
Con ello se refiere al numeral 23 del artículo nueve en el que se establece como abuso de poder de mercado la imposición de condiciones injustificadas a proveedores como plazos excesivos de pago, devolución de productos (aún más si son perecibles).