1. ¿Qué elementos dilatan la presentación de un plan económico del Gobierno al entrar casi al octavo mes del año?
No resulta fácil ofrecer una respuesta precisa. La transición histórica en la que se encuentra el país debe ser comprendida bajo las limitaciones propias del proceso de cambio y búsqueda de los nuevos paradigmas políticos que acompañan a una sociedad democrática y a un país adherido a un sistema mixto de mercado, que en conjunto, marcan el destino de las actividades nacionales.
Es indiscutible la necesidad de contar con un programa integral que marque las condiciones bajo las cuales se desenvuelva la política económica. Nadie puede negar la importancia de tenerlo como el referente de las decisiones conocidas y de aquellas que podrían formar parte de la agenda nacional. Sin embargo, al reconocer la presencia de esta etapa política que “reconviene” los postulados con los cuales caminó durante mucho tiempo, parecería “entendible” la demora en la confección de ese plan debidamente estructurado.
Pero, a pesar de aquello, el abandono de muchos postulados que eran evangelios de una economía reinventada, pero sustentada en viejos postulados históricamente superados, hacia nuevos rumbos de mayor cercanía con la racionalidad puesta en práctica por las organizaciones económicas que han logrado mejorar sus indicadores de bienestar, la ausencia de este plan debidamente articulado parecería que se lo construye en varios frentes, que mirados de forma separada no ofrecen la idea de un plan, pero que observados con un poco más de cuidado, alutinan los elementos básicos con una configuración razonable.
El trabajo de reconstrucción de toda el área petrolera, todavía con muchos problemas pero que avanza hacia una más transparente relación con las empresas privadas; los esfuerzos en el campo de la minería bajo principios de un cuidadoso manejo ambiental; la búsqueda de la recuperación de la credibilidad en las relaciones internacionales para aproximarle al país a las oportunidades de un mundo más abierto y competitivo; el reconocimiento del problema fiscal y la búsqueda de normas que eliminen esa terrible discrecionalidad con la que se abusaron de los recursos públicos; la recuperación del sustento fundamental del más importante instrumento de la inversión privada, cual es la sociedad anónima; la reconstitución funcional del BCE pueden ser, mirados en un panorama más amplio, como el telón de fondo de ese reclamado plan económico.
Falta, por supuesto ponerle números a los objetivos y metas buscadas. Algunos ya empiezan a tener sentido, como la reducción del déficit fiscal, que sin temor a equivocarnos, es el más complejo y dañino desequilibrio creado por esa visión desquiciante del sentido común de la economía.
Sin esta brecha, o si se puede decir, con ella bajo control, muchas cosas caminarán solas. No requerirán de nada en particular, pues en el tránsito hacia el equilibrio fiscal, habrá necesidad de cambiar muchas de las terribles inconsistencias que se crearon para sostenerlo.
Por eso, me parece que hay algo de “se hace camino al andar”, pues avanzan los cambios políticos y ellos traen noticias que reviven la esperanza de tener una sociedad mejor configurada, más respetuosa de las libertades, no perfecta, aunque si dispuesta a aprender, aún a pesar de que no sea mucho, pero si lo sustantivo, de esta triste etapa en proceso de superación.
2. ¿Qué capacidad de endeudamiento tiene el Ecuador?
No hay un número mágico que sirva como parámetro inmutable para cualquier economía. Hay referencias de valor relativo que recogen las más importantes experiencias del mundo moderno. Estas varían, no sólo según las estructuras de cada sociedad, sino de acuerdo a las etapas y condiciones por las que atraviesan en un cada época de su historia. Aún más, el “tope” deja de ser relevante, pues importa mucho más las condiciones y el destino del endeudamiento, antes que el valor absoluto del mismo.
No es lo mismo el endeudamiento de un país con moneda de curso internacional, que el correspondiente a otro que usa una moneda distinta para poder cubrir sus necesidades de financiamiento. Tampoco es comparable la deuda de un país con la de otro de parecidas dimensiones o de una realidad próxima, si el uno la tiene convenida a largos plazos y tasas reducidas y, el otro, lo contrario.
No es lo mismo una deuda acumulada simplemente porque se desbordó el gasto público, que otra derivada de un cuidadoso programa de selección de prioridades. En fin, hay muchas formas de valorar la capacidad de pago de un país y una de las más importantes es mirando el significado de su servicio en términos del esfuerzo fiscal, del PIB, de la propocionalidad con las exportaciones tanto de bienes como de servicios, es decir del peso que significa cumplir con estas obligaciones y la restricción que crea dentro de las disponibilidades nacionales para cubrir sus objetivos de empleo, inversión y, en definitiva, de crecimiento.
3. ¿Cómo el Gobierno puede cubrir el déficit de la caja fiscal?
Depende del tamaño. Si está en nivel razonable, con financiamiento, sea este por la vía de endeudamiento o más tributos; y, si esto no es posible conseguirlo, con reducción de gastos.
4. ¿Debiera pensar el Gobierno en ajustes presupuestarios y rectores del gasto fiscal?
Tiene que hacerlo. No hay otra forma de resolver el abultamiento de todo el aparato público. Hay que grabarse que el tamaño del Estado es incompatible con la viabilidad de la economía nacional. Su mantenimiento sólo ocasionará, de hecho ya lo hizo, daños sociales y frustración.