Finalmente, a más de diez meses de haber empezado su mandato, el gobierno se animó a anunciar los nuevos principios rectores que busca imprimir en lo que le resta de su administración.
Fueron conceptos y señalamientos generales, sobre los que habrá que ver su verdadero alcance cuando las reformas planteadas empiecen a circular en blanco y negro.
El conjunto de medidas se reduce a dos grupos: las que efectivamente le proporcionarán al fisco recursos de manera inmediata y las que pretenden modificar disposiciones que faciliten y alienten la inversión cuyos resultados tardarán en materializarse. Entre las primeras la de mayor peso será la revisión arancelaria. Con ella se intentará inyectar liquidez a la caja fiscal, para paliar las urgencias a las que está sometida. No habrá ningún incremento a las tarifas de los tributos, pero tampoco se dan pistas de las enormes expectativas que el Gobierno mantiene por conseguir ingresos a través de disposiciones como la remisión tributaria que luciría sobreestimada. Esta medida buscaría recoger recursos inmediatos a fin de aliviar las penurias fiscales, pero por su propia naturaleza ésta es coyuntural. ¿Cuánto podrá recaudarse con la misma? es algo que está por verse, a fin de cotejar si las estimaciones oficiales estuvieron acertadas.
No se indicó expresamente pero ¿se intentará reformar o eliminar la norma que pone techo al endeudamiento? En ese caso la cintura política del régimen estará a prueba, para obtener o no los votos necesarios para aprobar un cambio normativo de esa naturaleza.
El resto de anuncios son más conceptuales. Hay que destacar uno que está en el camino correcto:
la eliminación de la norma por la cual los accionistas de sociedades anónimas son responsables solidarios por el total de los pasivos con las entidades gubernamentales y también en el ámbito laboral. Es oportuno retirar esa perniciosa disposición legal que desestimula convertirse en emprendedor. Es trascendental, si se quiere brindar confianza para promover nuevas inversiones, delimitar conforme a principios jurídicos esenciales el alcance de la responsabilidad de los accionistas que no puede ir más allá del monto de su inversión. Eso no significa eliminar la responsabilidad solidaria que en materias laboral, tributaria y contra terceros tienen los administradores de las compañías, asunto absolutamente fuera de toda discusión.
Los otros son enunciados que se irán realizando en el tiempo. Pero valga la oportunidad para que, en la reducción de personal que se plantea, se empiece por todos aquellos cargos ocupados por parientes de los altos funcionarios de la administración pública. No es posible convertir a un gobierno en oficina de colocaciones laborales.
Hace poco en Argentina se expidió una norma por la que ningún familiar de un Mandatario, Ministro o Subsecretario puede estar dentro de la función pública, salvo si esa persona era con anterioridad funcionario de carrera. Si se habla de ética, valdría empezar a por allí.